Los fiscales presentaron la acusación contra el comisario Alcides Velázquez Iriarte y sus subalternos Eladio Inocente Giménez Caballero, Gustavo Armando Toledo González, Osmar Antonio Paredes Arrúa, Julio Darío Díaz Sosa, Walter Francisco Capdevila Benítez y Emilio Pérez Arce.
Los citados policías se encuentran formalmente acusados por los ilícitos de asociación criminal, extorsión y extorsión agravada. Esta última figura es la más grave, ya que tiene una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel.
Inicialmente el comisario Velázquez Iriarte y cuatro subalternos fueron imputados, pero después la investigación se amplió con la inclusión de Capdevila Benítez y Pérez Arce.
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El juez penal de Garantías Carlos Vera Ruiz deberá fijar fecha para la audiencia preliminar en la que resolverá si eleva o no el caso a juicio oral.
Minimizaron el caso
La fiscala Estela Mary Ramírez, quien realizó las primeras diligencias investigativas, había presentado imputación por secuestro al considerar que la conducta de los agentes se encuadra en las disposiciones de la ley 2.849, conocida como ley antisecuestro.
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La citada normativa define los presupuestos del secuestro en su artículo 1°: “El que privara a una persona ilegalmente de su libertad, con el fin de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial o de otro tipo, será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años”. Mientras que en el artículo 2° establece circunstancias agravantes como la implicación de policías y otros funcionarios públicos, en cuyo caso la pena se eleva hasta a 25 años.
Según los antecedentes, el 18 de enero pasado, los policías habían privado de su libertad a la pareja brasileña Mateus Mangiocca y Julia de Lima Venancio, tras capturarlos en una barrera montada sobre la Ruta PY02 por policías de la localidad de Torín.
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Los uniformados exigieron 50.000 reales, alrededor de G. 60 millones, para liberar a las víctimas, caso contrario, le incriminaría en narcotráfico y en un red de prostitución. Los turistas brasileños estuvieron dos días secuestrados. Primero la mujer fue liberada en Ciudad del Este para cruzar a Brasil para traer el dinero del rescate, mientras que su pareja quedó en poder de los policías captores. El pago del rescate fue frustrado cuando la Policía brasileña tomó conocimiento del caso.
Sin embargo, el 17 de junio pasado, el juez Vera Ruiz cambió la figura de secuestro por extorsión agravada, a pedido de la defensa. El magistrado alegó que existen jurisprudencias de tribunales superiores que califican como extorsión agravada casos similares como el de Torín.