La medida beneficia al oficial Antonio Ávalos Pereira y a los suboficiales Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel y Alcides Villalba González, quienes deberán guardar reclusión en su casa.
Los citados agentes fueron denunciados por supuestamente interceptar frente a una peluquería a los jóvenes Gabriel Ramón Prieto y Víctor David Meza que se desplazaban en un automóvil Toyota Allion, el sábado pasado. Luego, los policías habrían trasladado a las víctimas hasta la sede de la comisaría 7ª, donde supuestamente exigieron G. 7 millones a los afectados para la liberación y si no pagaban serían incriminados en narcotráfico.
Las víctimas solo fueron liberadas después de pagar G. 5 millones. Esta suma de dinero fue entregada a los jóvenes por el supuesto usurero Fernando Daniel Ortigoza, quien llevó el auto como garantía de la plata prestada.
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La aplicación del arresto domiciliario fue solicitada por la fiscala Zunilda Ocampos Marín, al presentar la imputación contra los uniformados por los ilícitos de privación de libertad, cohecho pasivo agravado y extorsión.
La jueza Garcete igualmente admitió la imputación con las figuras ilícitas planteadas por el Ministerio Público.
La actuación de la fiscala Ocampos fue bastante cuestionada, ya que demoró varios días para realizar diligencias urgentes y presentó la imputación solo por delitos leves, sin considerar figuras ilícitas como extorsión agravada, asociación criminal o secuestro. En declaraciones a la prensa incluso salió en defensa de los policías al negar que usaron arma de fuego como se consignó en la denuncia escrita de los afectados.