A través del A.I. 106/2021, la jueza Garcete Urunaga dictó el sobreseimiento definitivo para los exintendentes Mario Castillo (PLRA, llanista) y Erico Agüero (PLRA, llanista) en una causa caratulada por lesión de confianza y apropiación en perjuicio de las arcas de la Municipalidad de Hernandarias.
Según la acusación presentada por el fiscal Alfredo Acosta Heyn, los ex administradores públicos dejaron de transferir G. 737.454.084 a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, pese al descuento compulsivo a los funcionarios.
El agente Acosta Heyn, en su escrito, incluso insinuó que el dinero habría sido usado en la campaña electoral de Castillo en 2015 cuando buscó sin éxito la reelección. El requerimiento fiscal fue con base en un dictamen de la Contraloría que resalta la falta de pago.
Tras la presentación de la acusación con el pedido de juicio oral el 25 de septiembre de 2019, el fiscal Acosta Heyn fue recusado por la defensa de los exintendentes por supuesta “falta de objetividad” y la causa fue reasignada a la agente Carolina Rosa Gadea.
En la audiencia preliminar la fiscala Gadea ratificó inicialmente la acusación. Pero sugestivamente después se adhirió al incidente de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de los exjefes comunales.
En su fundamentación la magistrada menciona que no hubo daño patrimonial para la Comuna y que la falta de transferencia de los fondos jubilatorios fue a raíz de la falta disponibilidad de dinero en caja.
El expediente inicialmente se tramitaba en el juzgado penal de Garantías de Hernandarias. Pero la defensa recusó a finales de 2019 al entonces juez Silvio Rojas y la causa llegó a la oficina de Garcete Urunaga.
El denunciante, el actual intendente Rubén Rojas (ANR, cartista), recusó también a Garcete por falta de confianza debido a su largo historial de blanqueos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó a Garcete en el caso.
En cinco años de gestión (2010-2015) de los exintendentes, se dejó de transferir los fondos a la Caja de Jubilaciones solo en 2015, coincidentemente un año electoral.
Debido a la falta de pago, la Municipalidad soporta una demanda judicial impulsada por la Caja de Jubilaciones.
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En una auditoría de la Contraloría General de la República a la gestión del exintendente Castillo y el exinterino Agüero, se encontraron 29 irregularidades por un valor de G. 6.700 millones.
Otros blanqueos
La jueza Garcete Urunaga igualmente sobreseyó a los suboficiales Armando Sanabria Gauto y Adolfo Concepción Fernández Fernández, denunciados por supuestamente raptar y despojar 2.500 reales al turista brasileño Guillermo Silva Bueno. El blanqueo fue dictado pese a que la víctima reconoció a los policías como los autores del delito.
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La magistrada también había blanqueado al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y a su esposa exintendente Sandra McLeod de un proceso por desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este, a pesar de que la Fiscalía pidió el juzgamiento público del matrimonio.