Los vecinos encabezados por Elvio Barúa se concentraron en la plaza de la Paz, ubicada frente al predio municipal, y con pasacalles y discursos pidieron a la Comuna esteña, a cargo de Miguel Prieto Vallejos, la realización de la mensura judicial.
En 2017, la Junta Municipal había encomendado al Ejecutivo Municipal la medición de las fincas, mientras que para este año el intendente Prieto incluyó en el presupuesto unos G. 6.000 millones para la mensura judicial.
Las fincas 66 y 13.471 tienen un historial de conflicto de larga data, desde su expropiación a favor de la Municipalidad en la década de los ’90.
Los manifestantes denunciaron que varias parcelas de las fincas fueron vendidas por la Comuna durante la administración del clan Zacarías.
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Algunos sectores se oponen a la realización de la mensura judicial, al alegar que la diligencia podría generar un caos jurídico sobre los miles de títulos de propiedad expedidos a favor de compradores de buena fe.