La denuncia por lesión de confianza fue presentada por los concejales disidentes Óscar Romero Roa (ANR), Proto Meza (ANR), Edgar Franco (ANR) y Eudes Mereles (ANR), quienes habían accionado previamente contra el jefe comunal por otros presuntos hechos de corrupción.
Según la nueva denuncia, entre enero y agosto de 2019, el intendente Caballero supuestamente desvió G. 1.208.511.721, de la recaudación de tributos que pagaron los contribuyentes mingueros. El presunto desfalco fue descubierto al comparar los ingresos declarados en el rubro de recursos propios y los depósitos bancarios realizados en la misma categoría y período.
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En la primera denuncia, los ediles disidentes acusaron al jefe comunal cartista por un supuesto faltante de G. 716 millones de las cuentas bancarias de la Comuna y una presunta malversación de G. 690 millones de los fondos de royalties. Además, por transferencias de G. 412 millones a tres comisiones sin aparente contraprestación, y por otorgar 34 licitaciones por valor de G. 5.241 millones a Dimafre SA y Po Kuarahy Rese SA, empresas vinculadas a su esposa diputada Blanca Vargas.
Ambas denuncias son investigadas por el fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera.
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La diputada Vargas también fue denunciada por supuestos tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, tras conocerse que en 2013 había declarado ser accionista de Dimafre SA y Kuarahy Rese SA.
Por otro lado, el jefe comunal afronta un proceso penal por habilitar un vertedero que no contaba con licencia ambiental.
Intentamos conocer la versión del intendente Caballero, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas ni respondió nuestras consultas por mensaje de texto vía WhatsApp.
Mientras que la diputada alegó que vendieron sus acciones de las empresas Dimafre SA y Po Kuarahy Rese SA poco tiempo después de asumir como legisladora y antes de las adjudicaciones con contratos municipales.