La audiencia del legislador altoparanaense fue realizada de forma virtual esta mañana en el Tribunal Penal de Ciudad del Este. El abogado defensor Pedro Fabián Fernández se allanó al requerimiento de la fiscala Liliana Alcaraz para la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
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La jueza Garcete Urunaga dispuso al diputado Portillo la prohibición de salir del país, de cambiar el domicilio y para comparecer mensualmente para firmar el libro judicial una vez terminadas las restricciones impuestas en la pandemia del COVID-19.
El legislador liberal presentó un título de propiedad; además de la fianza personal de su abogado por G. 100 millones para garantizar que no se fugará de la justicia. Además, entregó su declaración jurada de bienes, constancia de vida y residencia y certificado de su función parlamentaria.
La audiencia de imposición de medidas fue llevada a cabo 28 meses después de la presentación de la imputación fiscal contra Portillo Verón. La dilación se debe en gran parte a las chicanas propiciadas por la defensa.
La abogada Lucía Escobar, coimputada del caso, también fue beneficiada con la libertad ambulatoria.
Ambos deberán comparecer al juzgado este 17 de junio para la audiencia preliminar. La fiscala Alcaraz solicitó la elevación del caso a juicio oral y público.
Según la acusación fiscal, el diputado Portillo habría pedido una coima de 3.000 dólares a Auda Fleitas (investigada por estafa) a cambio de una resolución favorable de la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este. En tanto que la abogada Escobar habría fungido de intermediaria para la solicitud de la propina.