La detención y posterior expulsión se dieron mediante informaciones recibidas a través de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) en el marco del convenio de cooperación Comando Tripartito.
El profesional del derecho posee una orden de captura emitida por el Tribunal de Justicia de Santa Catarina para cumplir una condena de 9 años por los hechos de recepción simple, adulteración de vehículos y uso de documentos falsos.
El extranjero se encontraba en territorio paraguayo al margen de las leyes migratorias, por lo que fue expulsado y entregado a las autoridades brasileñas.
El procedimiento estuvo a cargo de la fiscala Carolina Rosa Gadea y agentes de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.