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El Consejo de la Magistratura estará en el ojo de los políticos, medios de prensa, abogados y toda la ciudadanía, ya que tendrá la difícil tarea de elegir al más apto para ocupar la vacancia dejada por Víctor Núñez en la Corte. El nuevo sistema de selección que implementaron los integrantes del Consejo, bajo la presidencia de Enrique Riera, estará en su máxima prueba. Hasta el momento fue cuestionado, ya que se han cometido errores: jueces y fiscales con antecedentes integraron nuevamente ternas.
Lo que la mayoría de los abogados, jueces, fiscales y defensores públicos cuestionan es la presencia del senador Enzo Cardozo en un órgano tan sensible y delicado, ya que el mismo se encuentra acusado por el Ministerio Público de causar un perjuicio de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería cuando era titular de dicha institución. También soporta otra imputación por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, apropiación y uso de documentos no auténticos.
Con respecto a la liberación de fondos en el marco del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y el Frente Combatiente contra la Pobreza (Freccop), la fiscalía dice que se produjo un daño al Estado de G. 3.700 millones. Y para complicar más su situación, la fiscala Victoria Acuña abrió otra investigación por desembolsos realizados a favor de la Fenaprofhp, causando un posible perjuicio al MAG de G. 35.000 millones.
Siendo Enzo Cardozo integrante del Consejo en su momento tendrá que confirmar a los fiscales y jueces que tienen sus causas en sus cargos, algo bastante cuestionado también por los integrantes de la comunidad judicial. Es cierto que el principio de inocencia prima ante toda investigación, que antes que una condena esté firme no se puede acusar a una persona, pero se habla de transparencia en la labor del Consejo de la Magistratura, por ello es cuestionable que Enzo Cardozo siga siendo representante de la Cámara de Senadores.
Kattya Gonzalez, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, indicó en su momento posturas con respecto a los seleccionados como representantes de la Cámara de Senadores y Diputados. “Como si fuera que no había otra persona para elegir, le ponen a personas que estan procesadas”, expresó.
“Pero por ello caminaremos en dos frentes, ya que existen personas sumamente cuestionadas que integran el organismo corporativo. Apelamos a que el contrapeso sea el de las personas que gozan de prestigio y sea lo que prime. Lastimosamente, es lo que nos resta, no podemos hacer otra cosa, porque son los bueyes con los que tenemos que arar”, sentencio la abogada.
“Vamos a seguir el proceso de recambio en la Corte; para nosotros es importante seguir las audiencias públicas que se han implementado en concurso anteriores, que se habiliten mesas receptoras de denuncias, ya que son el país y las autoridades que tenemos. Pedimos e instamos a la ciudadanía que haga de contralor, habida cuenta de los resultados que se dieron con esta corte impresentable que se eligió, justamente porque no había ese control ciudadano. La única manera de frenar proyectos que pretendan utilizar esas vacancias como cupos de poder es que exista un fuerte control ciudadano; aun así, no se garantiza del todo, pero al menos vamos a ir desnudando las irregularidades y no llorando después al ser seleccionado una persona de dudosos antecedentes”, indica Kattya Gónzalez
Espera, igualmente, que el Consejo de la Magistratura sea lo suficientemente aplomado como para dar la confianza a la gente para que se presente en este proceso y que eso implique que Enzo Cardozo y Eber Ovelar renuncien. “Que se vayan, por ser personas de dudosos antecedentes y de dudosa honorabilidad. Si en este proceso se quiere hacer bien las cosas tendrían que nombrar a otros representantes”, concluyó la profesional.
El diputado Milciades Duré (PLRA) forma parte de la Comisión Especial Bicameral para la Reforma del Código Penal y el Código Procesal Penal, junto a Eber Ovelar y Clemente Barrios, representantes de la Cámara de Diputados. Los integrantes de esta comisión tienen un plazo de un año, para analizar las reformas que tendrán ambos codigos.
Duré fue acusado por el Ministerio Público por una supuesta compra sobrevaluada de las tierras a la empresa San Agustín por parte del ente rural. Presumiblemente, se cometió un daño patrimonial contra el Estado por valor de G. 60.000 millones.