Quien oficiaba de embajador paraguayo en el Líbano, Osvaldo Bittar, fue destituido fulminantemente esta semana por el Gobierno, a tan solo 35 días de asumir el cargo. Independientemente del corto tiempo que el diplomático duró en el cargo, el caso no hubiera llamado tanto la atención, ya que la Cancillería tiene la potestad de cambiar a los representantes de nuestro país ante los gobiernos extranjeros, si no fuera por las gravísimas afirmaciones realizadas por el afectado sobre las supuestas razones de su destitución.
Según expresó al respecto el ministro substituto de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, “Es una decisión que ha tomado el Gobierno porque el embajador (Bittar) no ha cumplido con los estándares que se esperan de un embajador”. Al respecto agregó que el destituido diplomático “No tuvo en cuenta las instrucciones impartidas desde el Ministerio para responder adecuadamente a las necesidades de los connacionales en una región altamente delicada, generando incluso un funcionamiento inadecuado de la representación diplomática en el Líbano”. En otras declaraciones a los medios, Verdún también atribuyó la medida a una pérdida de confianza en el embajador saliente, quien a menos de una semana de asumir el cargo ya habría solicitado un mes de vacaciones, cuya negativa habría ocasionado su enojo.
La contracara de la moneda tiene aristas sumamente graves. Es demasiado raro que Bittar, que ya ha servido en esa misma sede, sea destituido tan intempestivamente a poco más de un mes de asumir, por lo que vale la pena cotejar sus afirmaciones con las que formuló el vicecanciller Verdún. El destituido aseguró, por ejemplo, que “me presionaron para violar la ley”. Al respecto, se habría negado a firmar documentos expedidos por el encargado de negocios de esa Embajada, Fernando Parisi, hoy con permiso por reposo médico, antes de que él asuma el cargo a fines de julio, sin que previamente se realizara la auditoría y el corte administrativo de rigor. Uno de dichos documentos sería un pasaporte que hoy está bajo la lupa de la Fiscalía de Delitos Económicos, pues habría sido otorgado a una persona ligada al crimen organizado. Recordó que, precisamente, el Ministerio Público había pedido informes a la Cancillería sobre pasaportes concedidos a presuntos partícipes en el tráfico de armas y en el lavado de dinero y que en el Líbano “los embajadores y varios funcionarios terminaron con procesos judiciales, porque siempre hubo problemas con el tema de las visas, los pasaportes...”.
Este es un punto de suma importancia, pues bien se sabe que el corrompido Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, que expide documentos sin mirar a quién, siempre que tenga suficiente dinero para acelerar trámites, es un verdadero riesgo para la seguridad interna y para la de países extranjeros. Puede recordarse que en 2021, el narcotraficante Sebastián Marset –paraguayo naturalizado– habría usado varias veces un pasaporte nacional falso supuestamente ignorando que lo fuera (!), facilitando así que un tribunal de Emiratos Árabes Unidos lo absolviera.
Es evidente que la facilidad con que se puede obtener dicho documento también puede alentar el terrorismo internacional, tema en el que nuestro país es mencionado de tanto en tanto. Al respecto, se puede mencionar que en noviembre del año pasado, el servicio alemán de radiodifusión internacional, Deutsche Welle, informó que la Triple Frontera, “sobre todo Ciudad del Este”, se había convertido en el centro de operaciones de Hezbolá, precisamente un grupo musulmán chií libanés. Ya en 2006, se habría interceptado una carta en la que su líder Hassan Nasrallah agradecía su apoyo a los libaneses de la región. Por eso, no es de desdeñar la importancia en este asunto de la mención de pasaportes paraguayos en manos de criminales internacionales.
Al canciller Rubén Ramírez Lezcano, aspirante a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), le habría “disgustado” que el exembajador haya desoído instrucciones que, en opinión de este, pecaban de irregulares. La acusación del subordinado es grave y afecta no solo la legalidad administrativa del país, sino indirectamente, también pone en entredicho la candidatura del ministro y su sensibilidad en torno a las delicadas cuestiones de seguridad derivadas del Cercano Oriente. Conviene tomar medidas urgentes para disipar la impresión de que en las altas esferas aún se mantienen los aberrantes vínculos atribuidos por el Gobierno de los Estados Unidos a un expresidente y a un exvicepresidente de la República, en ocasión de declararlos “significativamente corruptos”.
Sería innecesario insistir en que un pasaporte paraguayo no debe servir para facilitar el narcotráfico ni el terrorismo, si no fuera porque una y otra vez aparecen indicios de que la corrupción los propicia, aumentando el desprestigio nacional.