Familia de víctima de violación recusa a jueza y fiscala

La jueza Edith Coronel y la fiscala Teresa Martínez, quienes tienen a su cargo el caso Centenario, fueron recusadas por la familia de la víctima. De esta forma un malestar que se manejaba en voz baja por los afectados acerca del manejo de la investigación explotó con dos escritos, en los cuales se cuestiona con dureza el trabajo de la justicia y la fiscalía. Refieren que llamativamente tanto la fiscala como la jueza pasaron por alto el hecho de que no se realizó allanamiento en un colegio donde se podían encontrar evidencias consideradas claves en el caso, donde se investiga una violación.

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En la recusación que lleva la firma de los abogados José Ignacio González Macchi y Cecilia Pérez se trae a colación que al inicio de esta investigación, que tuvo como origen el hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado durante una fiesta de 15 años, la fiscala solicitó la autorización para ingresar a dos colegios, en donde cursaban los implicados, ante la sospecha de que existirían imágenes o grabaciones de lo sucedido esa misma noche, y que estarían circulando entre los alumnos de estos colegios.

Pero el allanamiento solo se registró en uno de los colegios. “Ya en esta oportunidad resultó llamativa la actuación fiscal, dado que se había explicado verbalmente en su oportunidad, el hecho que motivó que la diligencia no pueda ser llevada a cabo fue la negativa de las autoridades de esta institución en permitir el acceso a la misma, a pesar de las órdenes judiciales correspondientes, más allá de la evidente filtración de la información previa a la diligencia mencionada. Pero aún más llamativo fue el hecho de que posteriormente no se haya insistido en el practicamiento de esta diligencia, dejando pasar a la fecha más de ocho meses sin la búsqueda de elementos de convicción en los medios de comunicación de los principales sospechosos”, dice la recusación.

“Qué realmente sucedió en dicha oportunidad no lo sabremos, ya que, por un lado, existen versiones de una supuesta negativa de las autoridades del colegio, que no constan en ningún lugar, y por otro, en dicha oportunidad se ignoró una orden judicial que la misma agente fiscal había solicitado”, aseveran.

Se refiere que partir de ese hecho la querella realizó numerosos pedidos para la incautación de celulares, pero recién después de seis meses se concedió el pedido.

Apuntan que esta es la hora que aún no se han extraído todos los datos de todos los celulares incautados.

La recusación también alcanza a la jueza a la que le acusan de falta de ecuanimidad y equilibrio. Los abogados indican que las diligencias solicitadas por la querella fueron relegadas contrastando la celeridad de los pedidos de libertad de los imputados. A modo de ejemplo citan un pedido de pericia siquiátrica y perfil sicológico. “(La jueza) Impertinentemente hace preguntar a unos médicos ¿si es posible hacerlo?. Ud. puede rechazar el pedido si lo considerase improcedente o impertinente, pero no corresponde que Ud. –perito de peritos– pregunte si la diligencia es o no realizable. Eso me hace ver que V.S. no demuestra la sapiencia necesaria”, dice parte de la recusación.

En este caso hay cuatro imputados. “Al permitirles estar en el mismo lugar, junto a otros amigos o compañeros, apenas días después de ser imputados, resulta claramente inconducente para evitar obstruir la investigación, o por lo menos, lo poco que queda de ella”, cuestionan.

ocaceres@abc.com.py

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