El juez penal de Garantías convocó a las partes para el mediodía de hoy, a fin de tratar las medidas alternativas a la prisión que pidió el abogado Guillermo Duarte Cacavelos en representación de Miguel Cuevas. El defensor solicita revocar la medida cautelar; alega que ya no corresponde que el legislador siga preso debido a las irregularidades que según él se detectaron en la pericia que la Fiscalía usó como base para presentar la imputación.
Según Duarte Cacavelos, existen serias contradicciones en los informes de la tasación elaborados por el perito del Ministerio Público y el designado por el Poder Judicial. Agrega que dichas irregularidades destruyen el trabajo del perito Mateo Nakayama, porque “son muy grandes las diferencias”.
El abogado defensor dijo que la imputación por enriquecimiento ilícito, contra del extitular de la Cámara de Diputados, se sustenta exclusivamente en la pericia del Ministerio Público y que con el nuevo trabajo pericial “no hay argumentos para sostener la sospecha del hecho punible, por ende, la prisión del parlamentario por la ANR debe ser revocada”.
Millonaria caución
La defensa de Miguel Cuevas pidió que el Juzgado Penal de Garantías otorgue medidas alternativas a la prisión para el exgobernador de Paraguarí y para el efecto ofreció como caución un inmueble ubicado en el distrito de Sapucái, valuado por la propia pericia de la Fiscalía en 3.506.443.162 guaraníes.
Audiencia explicativa
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos solicitó al juez penal de Garantías, Yoan Paul López, que convoque a los peritos de la Fiscalía y del Poder Judicial, para que expliquen por qué existen diferencias entre sus trabajos periciales.
Sin embargo, el magistrado resolvió no hacer lugar a la solicitud del defensor de Cuevas, por improcedente.
Se opone a pericia contable
La defensa del legislador colorado había solicitado la autorización judicial para realizar una pericia contable sobre el movimiento financiero del expresidente de la Cámara de Diputados, a fin de demostrar que no cometió el hecho punible de enriquecimiento ilícito, como sospecha la Fiscalía.
El juez Yoan Paul López dio trámite al pedido de los abogados Carlos Villamayor y Santiago Brizuela, y corrió traslado al fiscal del caso, Luis Piñánez, quien contestó ayer al pedido de la defensa y solicitó al magistrado que rechace la solicitud “por su notoria improcedencia e ilegalidad”.
Según Piñánez, la defensa del diputado colorado busca que el órgano jurisdiccional realice actos de investigación, al desnaturalizar el proceso y contaminar la imparcialidad del Juzgado de Garantías, quien no puede valorar medios probatorios.