La denuncia fue dirigida contra Prieto, intendente; Walter García, director de Salud de la Comuna; y Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social. Estos últimos integraron el comité de evaluación que recomendó la compra de tapabocas a G. 28.000 la unidad.
Según los datos, la empresa GAESA SA, representada por Julio César Bobadilla Sandoval, fue adjudicada con una licitación de G. 304.350.000 para proveer equipos de protección médica a la Comuna esteña.
Entre los productos adquiridos figuraban 2.000 tapabocas N95 por un precio unitario de G. 28.000. Este monto sobrepasa el precio referencial (G. 25.000) para esas mascarillas establecido por el Ministerio de Salud Pública a través de la Resolución S.G. 96/20. La denuncia por supuesta lesión de confianza será investigada por el fiscal Sergio Irán Villalba.
“No somos la misma basura”, contesta Prieto
Prieto reaccionó a las denuncias en sus redes sociales y ayer encabezó una conferencia de prensa en la que acusó al Gobierno de perseguir su gestión con falsas denuncias. “No somos la misma basura”, dijo al desafiar al Ejecutivo y Gobierno Central. También desafió al Ministerio Público a allanar la intendencia y encontrar “una sola irregularidad”.
Dijo que ya lo acusaron por la costanera y otras obras, pero los medios nunca publican cuando se descartan las acusaciones. Agregó que detrás de las denuncias hay una mafia y dijo que no cederá a las presiones de narcotraficantes y explotadores sexuales.
Aseguró que en ninguna licitación desviaron fondos municipales y sostuvo que la denuncia de “Kelembu” tiene fines extorsivos.
Bajaron precio
A su turno, la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Comuna, Maggi Fariña, notificó a la empresa proveedora a adecuar su precio a la resolución del Ministerio de Salud Pública. La empresa contratada redujo el precio de G. 28.000 a G. 22.932 y por la diferencia se adquirirá más tapabocas. Serán 2.442 unidades en vez de 2.000 previstos inicialmente.