El martes último, la Cámara Baja aprobó una versión “destrozada” del proyecto de ley que pretendía la Trazabilidad del Financiamiento Político.
El objetivo era identificar el origen del dinero sucio que se mueve en internas municipales y reaccionar ante la detención en Estados Unidos de la exdiputada Cynthia Tarragó (ANR) y el apresamiento del diputado oficialista Ulises Quintana (Ver el cuadro).
Sin embargo, mediante un acuerdo entre colorados cartistas y abdistas, la norma aprobada empeoró las regulaciones vigentes eliminando el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero Seprelad (Ley N° 6167/18).
La propuesta debía haber sido remitida al Senado el mismo martes por Arnaldo Samaniego (ANR, Añetete), presidente en ejercicio de Diputados ante la salida del país de Pedro Alliana (ANR, cartista).
Sin embargo, el senador Arnaldo Franco (ANR, cartista), presidente de la Comisión Permanente del Congreso, dijo que hasta la tarde de ayer no habían recibido la propuesta que, evidentemente, no salió de Diputados.
Franco indicó que por este motivo el polémico proyecto no aparece en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente, actividad prevista para el 11 de febrero desde las 9:00.
Esta instancia es un órgano bicameral que funciona durante el receso parlamentario, cada 15 días, y es la encargada de convocar a las cámaras correspondientes en caso de emergencias.
Si el proyecto tiene entrada el martes y la Comisión Permanente del Congreso convoca al Senado, la Cámara Alta podría definir en una o dos semanas.
De esta manera el texto volvería a la Cámara de Diputados y el ciclo inicia nuevamente. Paralelamente, la fecha límite para que se aprueben y promulguen modificaciones al Código Electoral fenece el 5 de marzo.
Narcopolítica
En 2014 informes de la Secretaría Nacional anti Drogas (Senad) revelaban la vinculación de varios diputados y políticos con el narcotráfico.
Recientemente, el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, dijo que la Fiscalía nunca investigó dichas denuncias.