Arregui visitó ayer al presidente Mario Abdo Benítez en Palacio de López, para abordar el trabajo que se desarrolla con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que evalúa al país en el combate al lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Consultado sobre la posición un tanto ambigua del Poder Ejecutivo en relación al proyecto de modificación de la ley de trazabilidad del financiamiento político, Arregui dijo que esa calificación es “es muy injusta”. Señaló que la prueba de la voluntad es la reciente aprobación del paquete de 11 leyes antilavado de dinero.
Contó que conversó con la diputada Rocío Vallejo (PQ), quien es proyectista. Informó que le solicitó una reunión porque la Seprelad considera que en el proyecto deben “ajustarse algunos detalles”.
“Así como está planteado, en lo que hace a la función de la Seprelad, aparentemente se le pone en un escenario que tendría que reportar sobre ciertas personas sin haber todavía una investigación previa. La función que tiene la Seprelad hoy es de un organismo de inteligencia, el cual está plasmado de la ley”, expresó.
Recordó que actualmente la Seprelad actúa bajo requerimiento del Ministerio Público “ya en una investigación iniciada”. Dijo que de esa manera ” son aspectos que hay que mirar bien en este proyecto que dentro de lo que hace a la Seprelad no queda claro”.
“Habría que debatir, por lo menos a lo respecta a la Seprelad. Habría que debatir ese artículo en la cual está plasmada la función de la Seprelad”, manifestó.
Arregui aludió al artículo del proyecto que se refiere a que “las actividades financieras tanto de los partidos como de movimientos políticos sean controladas por la Seprelad”.
Los diputados que presentaron el proyecto de ley que modifica la Ley 6167/2018 de Financiamiento Político afirman que con los cambios se brindará transparencia, control y sanción a la no rendición correcta de los ingresos y gastos de los candidatos y, por otro lado, al ser los partidos y movimientos políticos sujetos obligados a prevenir que se utilice la actividad para lavar dinero, adquieren también responsabilidad en cuanto a la transparencia en la rendición de cuentas.
La Cámara de Diputados fue convocada a sesionar en forma extraordinaria el 4 de febrero próximo para tratar la ley del financiamiento político y la ley de la declaración jurada de bienes.