Después de una larga jornada de declaraciones indagatorias, el concejal departamental de Caazapá Adaro Monzón fue imputado por el asesinato del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo (50), ocurrido el 14 de septiembre del 2019. Varios sicarios acribillaron a la víctima en su “Comedor San Jorge”, que está ubicado en el Cruce Kimex, distrito de Carlos Antonio López, Itapúa.
Delvalle había presentado dos denuncias un mes antes del mortal atentado, una en sede policial y otra en la Fiscalía, de que recibió amenazas de muerte de parte del concejal Adaro Monzón, pero al parecer no le dieron importancia y ni fue investigado el caso.
Según esas acusaciones formales, el edil quería que Delvalle se declare responsable de haber coordinado el ataque de delincuentes que fue perpetrado el 8 de agosto del 2019 en la Junta Departamental de Caazapá, o de lo contrario lo mandaría matar. Carlos Jorge Delvalle no cumplió con la exigencia y un mes después fue ultimado con 16 balazos.
Según el fiscal asignado ahora al caso, Marcelo Pecci, en los allanamientos de inmuebles que fueron hechos en la madrugada del viernes último en el marco del operativo “Gangster” y en el que fueron detenidos dicho edil y otras tres personas, fueron confiscados elementos suficientes que ligarían a Benjamín Adaro Monzón con el mortal ataque al citado comerciante, y es por esa razón que lo imputa por homicidio doloso en carácter de instigador y por asociación criminal, por lo cual pidió su prisión al juez de la causa.
El agente del Ministerio Público señaló que en los allanamientos hallaron teléfonos celulares que serán objeto de pericia para tratar de encontrar más elementos de prueba.
Otro proceso
Aparte de la imputación por homicidio, el fiscal Pecci le abrió otro proceso a Adaro Monzón y a Matías Nicolás Arias Suárez, Óscar Arnaldo Perdomo y Zenén Antonio Sosa, por transgresión a la Ley de Armas, debido a que en poder de ellos hallaron armas que estaban modificadas y otras que tenían números de serie borrados.
Esas armas serán analizadas en el laboratorio de la Fiscalía, para corroborar si fueron utilizadas en otros hechos delictivos en que se señala al concejal como autor.