El fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz asume actualmente el despacho como fiscal general del Estado de forma interina, ante la ausencia por enfermedad de la titular Sandra Quiñónez, quien, según las versiones extraoficiales, retornaría hoy al frente del Ministerio Público.
Sin embargo, llama la atención que la Fiscalía General no haya dispuesto iniciar alguna investigación de oficio, especialmente basada en los hechos nuevos que dieron origen al pedido de captura de parte de la justicia brasileña del expresidente Cartes, por su supuesta vinculación con Darío Messer, uno de los principales implicados con el lavado de dinero conocido en ese país como el caso Lava Jato.
Con la reincorporación de la fiscala general Quiñónez, se aguarda un pronunciamiento oficial del Ministerio Público.
Juez emplaza a fiscales
Por segunda vez, el juez penal de garantías Humberto Otazú emplazó ayer a los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera para que presenten las carpetas correspondientes a la investigación realizada a Darío Messer. Es para realizar la audiencia preliminar a Ilan Grinspun y Juan Pablo Jiménez Viveros.
La acusación por lavado de dinero fue presentada contra ambos el 30 de octubre pasado, fecha en que el Ministerio Público también debió entregar al juzgado las carpetas que hacen a la investigación realizada.
El artículo 347 del Código procesal penal, referente a la acusación y solicitud de apertura a juicio, establece en su parte final que “con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y pondrá a disposición de las partes el cuaderno de investigación”.
En atención a que los fiscales Alcaraz y Cabrera no pusieron a disposición del juzgado las pruebas detalladas en la acusación, que hace referencia a 26 biblioratos, el 4 del corriente mes el juzgado intimó a los agentes a que presenten la documentación referida.
Como hasta ayer no se dio cumplimiento a dicho requerimiento, el magistrado volvió a emplazar a los fiscales a presentar las carpetas fiscales, de manera a poder dar continuidad al proceso, con la realización de la audiencia preliminar en la que debe resolver si los acusados van o no a juicio oral y público.
Esta causa se inició a partir de un pedido de detención con fines de extradición de Darío Messer formulado por el Séptimo Tribunal Federal de Río de Janeiro y que tuvo entrada en nuestro país, el 3 de mayo del año pasado.
El documento remitido por la justicia brasileña refiere que Messer es requerido por la supuesta comisión de organización criminal, corrupción activa y pasiva de lavado de dinero y evasión de divisas. Precisa que la cantidad de valores operados ilegalmente es de 24 millones de dólares
“Darío Messer es investigado mediante la integración de una organización criminal (Orcrim) en conjunto con otros operadores y empleados para el lavado ilegal de activos derivados de la corrupción, a través de operaciones ilegales, de compra y venta de cable dólar/ dólar estadounidense. Estas operaciones se llevaron a cabo en el periodo de 2009 y 2017 entre Brasil y bancos de otros países”, señala el documento, en la descripción de hechos.
La acusación detalla que Messer lideraba una sofisticada red de lavado y evasión de divisas que posibilitó al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, ocultar el origen ilícito de más de US$ 100.000.000.000 obtenidos de coimas de empresarios de distintas áreas que contrataban con recursos públicos para obras, bienes y servicios a partir de fraudes de crímenes de cartel y fraudes en las licitaciones.
Messer habría invertido unos US$ 100.000.000 en nuestro país para blanquear el dinero malhabido, según las averiguaciones.
Antecedentes de la acusación
La vinculación comercial del brasileño Ilan Grispun con Darío Messer se da a través de su empresa Mazar Group SA, que prestaba servicios de consultoría y asesoría a Chai y Matrix Realty.
A su vez, Juan Pablo Jiménez Viveros –sobrino del expresidente Horacio Cartes– figura como accionista minoritario de las cuatro empresas de Messer en nuestro país.
El 8 de mayo pasado, ambos se presentaron en el Banco Nacional de Fomento, donde intentaron retirar unos G. 2.000 millones de una de las empresas de Messer, cuando la investigación no estaba abierta pero el caso ya había tomado estado público. Al percatarse de que no le iban a dar el dinero, optaron por huir del lugar, tras lo cual fueron procesados.