Eduardo Petta presentó su primera declaración jurada en marzo de 2000, como fiscal en Encarnación. Su patrimonio era de G. 306.500.000. En julio de 2013 presentó su segunda DD.JJ., como senador. Su patrimonio era de G. 614.822.434.
Petta volvió a declarar sus bienes en julio de 2016, como senador. Su patrimonio era de G. 796.456.484. Dos años después, en julio de 2018, al ser reelecto, el patrimonio declarado fue de G. 1.176.707.279. En dos años su patrimonio aumentó en G. 380 millones, más que en 13 años de trabajo. Su última DD.JJ. es como ministro de Educación, un mes después de jurar como senador, y el documento no varía del anterior.
Todo esto está consignado en el examen realizado por la Contraloría General de la República, que concluye que “no existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos” entre julio de 2016 y julio de 2018.
Inconsistencia en inmuebles
El examen de la Contraloría señala también que Petta declaró 5 inmuebles, cuando la Corte Suprema de Justicia informó que tiene 12 terrenos. Los 7 no reportados están en Hohenau.
Así también indica el informe que la finca 23-090-13, ubicada en Encarnación, en el 2013 fue valuada en G. 25 millones, pero en la siguiente DD.JJ., en 2016, está valuada en G. 300 millones. Dentro de ese inmueble en 2013 Petta informó una construcción por G. 10 millones, pero en las DD.JJ. posteriores “el mismo inmueble declaró como un terreno sin construcción”.
La Contraloría reporta que la finca 335, ubicada en Trinidad, en 2013 fue valuada en G. 20 millones, y en 2016 ya la valuó en G. 250 millones.
Por otro lado, Eduardo Petta declaró deudas por tarjetas de crédito con el Banco Continental, pero la entidad bancaria informó que el ministro “no opera ni ha operado en cuenta corriente, caja de ahorro ni préstamos”.
También hay un automóvil Toyota Caldina, año 90, que Petta no declaró.
La Contraloría resalta que Petta no presentó sus DD.JJ. al dejar el cargo de fiscal, fue director de la Policía Caminera ni cuando fue asesor vial de la Municipalidad de Asunción, como debía hacerlo según el artículo 104 de la Constitución Nacional.
Le impidieron explicaciones
El ministro dijo el lunes que la Contraloría no le notificó de nada y, por ende, no le permitieron dar explicaciones. Señaló que los 7 terrenos son una transferencia de sus padres a él y sus hermanos, realizada antes de que sea funcionario público. No reportó el auto porque le había sido robado, argumentó.
Ayer quisimos hablar nuevamente con él, pero no respondió. Declaró a otros medios que quiere creer en una investigación objetiva, pero se olvidaron de darle el derecho de explicar. Igualmente acusó al director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, de ser “hombre” del líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Juan Darío Monges.