El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, convocó ayer a la mañana en Mburuvicha Róga a representantes de la Subsecretaría de Tributación, de la Dirección Nacional de Aduanas, Unidad de Anticontrabando y de Seprelad para hablar sobre la repartija del 50% de las multas entre los funcionarios de Aduanas y Tributación como “incentivo” por identificar una evasión impositiva.
Tras el encuentro, los funcionarios anunciaron que el Ejecutivo anunció que presentará en la brevedad un proyecto de ley para modificar la normativa, que establece la distribución de multas cobradas a evasores entre los funcionarios de las dos instituciones recaudadoras. La intención es establecer topes y corregir las “iniquidades” para que los montos no sean millonarios, informó el director de Aduanas, Julio Fernández.
Recordó que el Código Aduanero establece por ley la distribución del 50 por ciento de lo recaudado en favor de los denunciantes y el otro 50 por ciento para el fisco. “Estamos trabajando desde el Ejecutivo en un proyecto de ley grande que permita corregir las iniquidades, que causa indignación y con justa razón”, admitió.
Confirmó que funcionarios aduaneros, sin dar nombres, cobraron G. 600 millones a 800 millones que son totalmente legales, según el Código Aduanero, pero que se deben “hacer correcciones”. “Estamos trabajando para corregir las iniquidad, algunos son muy exagerados. Hay que encontrar mecanismos mucho más equitativos. El Código Aduanero obliga a distribuir (los cobros de multas) pero genera iniquidad e injusticia”, reconoció Fernández.
Reveló que el presidente Abdo Benítez manifestó “que se debe corregir” los cobros de multas. “Queremos que sea equitativo, que sea con base en la responsabilidad”, indicó.
Por su parte, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, refirió que la idea es que se “topee” el cobro de multas. Señaló que están en plena elaboración de un proyecto de ley que se remitirá al Congreso.
“Estamos estudiando, la idea es que se supere los G. 5 millones para los denunciantes y G. 3 millones para los funcionarios”, apuntó.
Caso González Daher
El caso trascendió por la multa por evasión que la SET pretende cobrar a la familia del acusado exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista), que sería de entre US$ 20 millones y US$ 25 millones. Por ende, la “repartija” entre los funcionarios sería de entre US$ 10 millones y US$ 12 millones.
La repartija de multas cobradas por la SET es una vieja práctica que permitió crear una casta de privilegiados entre los funcionarios, amparados en las leyes 125/91 y 2421/04.