CIUDAD DEL ESTE. De nuestra redacción regional. A través de la resolución Nº 322, de fecha 18 de julio de 2019, el intendente de esta ciudad Miguel Prieto dispuso como medida de urgencia la recuperación de forma inmediata de la administración de la terminal de ómnibus, que estaba a cargo de la empresa Ita Paraná, representada por Benigno Villasanti Kulman.
La medida fue adoptada por incumplimiento de las obligaciones de la firma, establecidas en el contrato suscripto por Villasanti y la imputada exintendente Sandra McLeod de Zacarías, el 30 de abril de 2013, para la concesión de la terminal hasta el 2023.
Un informe de la Dirección de Medio Ambiente de la Comuna esteña, de fecha 21 de junio de 2019, revela que el sanitario de la terminal se encontraba “en malas condiciones de salubridad e higiene para la utilización, despidiendo un olor nauseabundo”. Además, resalta la filtración de efluentes cloacales al aire libre y otras faltas ambientales.
El Jefe Comunal igualmente designó a Amílcar Núñez Ibarra como encargado provisorio de la administración de la terminal.
La recuperación de la terminal se efectuó en medio de discusiones entre los asesores jurídicos de la Comuna y los representantes de la empresa. Incluso, los policías se alistaron para usar la fuerza para cumplir la resolución de la Intendencia.
Paralelamente, los asesores jurídicos municipales iniciaron un juicio civil para anular el contrato de concesión.
La firma Ita Paraná logró que el clan ZI le adjudicara el control de la terminal desde 1990, lo que significa que durante 33 años manejó exclusivamente el lugar.
En la firma analizan acción judicial
El abogado Víctor Daniel Ferreira representante de la firma Ita Paraná, dijo que analizará una acción judicial contra la resolución de la Municipalidad. Consideró como “un atropello a la institucionalidad” la decisión del intendente Prieto de tomar el control de la terminal, pese a la vigencia de un contrato de concesión hasta 2023.
Ferreira discutió con los asesores jurídicos de la Municipalidad y al principio se opuso a entregar la administración de la terminal. Sin embargo, luego cedió cuando los policías se disponían a intervenir. Cuestionó la determinación de Prieto sin que antes se dictara una resolución judicial. Remarcó que la concesión fue en el marco de una licitación y que fue avalada por la Junta Municipal y la intendencia.