El Decreto 3525

Con respecto a la pandemia de covid-19, el Gobierno promulgó el Decreto 3525, “Por el cual se amplía el aislamiento preventivo general…”, el cual en su artículo 2 inciso 7 dispone que “Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1 del presente decreto… a…7) Las personas afectadas a las obras…civiles, debiendo estas últimas activar por turnos al 50% de su fuerza laboral, rotando la asistencia y aplicando los controles sanitarios vigentes. Y su cadena logística, preservando el distanciamiento social”.

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Varias preguntas surgen sobre esa disposición que, en realidad, no extiende la cuarentena, sino que la termina para las empresas de construcción civil, entre las que se cuentan las del ex asesor presidencial Luis Pettengill Castillo, Enrique Díaz Benza, abuelo de los hijos del presidente Mario Abdo Benítez, a las que deben continuar las urbanizaciones del también ex asesor presidencial Conrado Hoeckle, las del empresario Pedro Fadul y todos sus respectivos socios.

¿Quién del Estado debe controlar que los turnos se activen al 50% de su fuerza laboral? ¿Quién debe controlar la rotación de asistencia? ¿Quién debe aplicar los controles sanitarios vigentes?

El Estado, que no sabe el número de empresas de construcción (cada arquitecto e ingeniero es una), ni el de informales, y que no sabe el número real de infectados y un largo etcétera de “tampoco sabe”, no lo hará simplemente porque no tiene capacidad de hacerlo. Luego, esa disposición queda al arbitrio de sus instigadores.

El Estado no sabe, y no definió, quiénes forman parte de la cadena logística de las empresas de construcción civil. Cualquier persona que provea servicios a las empresas de construcción podrá alegar con justicia que forma parte de esa cadena. Para ellos, no se extiende la cuarentena, sino que termina.

La lógica del artículo 2 del Decreto 3478, el que definió qué sectores son vitales para que nuestra República mantenga el mínimo nivel de funcionamiento para existir como tal, es simple: se les expone al riesgo de contagio porque sus actividades son absolutamente imprescindibles, sus operadores deben correr los riesgos por constituir su funcionamiento una carga pública tal como la que se exige a los soldados en una guerra. Es y debe ser, por definición, una lista restrictiva.

Los demás sectores debían seguir cerrados para mantener, con la mayor extensión poblacional posible, el distanciamiento físico entre paraguayos, única receta de momento viable para contener al covid-19.

Tan recientemente como el viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en realidad toda la comunidad científica, advirtió que relajar las medidas de aislamiento supone un riesgo que no se debe correr. Ahora está el caso de Singapur, para quienes tienen dudas al respecto.

La OMS y la comunidad científica explican que, aún cuando no recomiendan relajar las medidas de ais-

lamiento, si se van a relajar deben estar apoyadas por testeos masivos de covid-19, que nuestro gobierno no tiene capacidad de realizar.

Hasta el momento que escribo esto, el Gobierno no dio a conocer por escrito los criterios por los que termina la cuarentena para la construcción civil. Al hacerlo, expondrá una contradicción insalvable con el lema que el presidente Mario Abdo Benítez repite: que elige la salud sobre la economía porque si eligiera la economía nos quedaríamos sin economía y sin salud.

evp@abc.com.py

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