Se trata del caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) presentó a la Corte IDH, por el que fueron condenados por el Gobierno y la Justicia de Rafael Correa el periodista ecuatoriano Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo de Guayaquil, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Tres años de prisión y 40 millones de dólares de multa (indemnización para Correa).
Se trata de uno de los mayores atropellos que se conocen a la libertad de expresión y de una deleznable actuación de un Poder Judicial al servicio del “mandamás”.
La CIDH plantea “dejar sin efecto la condena penal impuesta; disponer las medidas de compensación económicas y satisfacción; adecuar la normativa penal interna y el régimen de sanciones civiles a los estándares en materia de libertad de expresión y realizar un acto público de desagravio al periodista y a los directivos del diario El Universo”. Qué menos.
¿Cómo fue que pasó? El entonces presidente ecuatoriano Correa, “herido en su honor” demandó a los ya mencionados por un artículo (de Palacio) en que se le acusó de inventar un golpe de Estado para mejor perseguir a sus opositores y de ordenar a soldados abrir fuego a discreción y sin previo aviso a civiles desarmados. El trámite judicial fue ultrarrápido, los acusados no tuvieron chance de defenderse y se les negaron recursos de apelación. La jueza actuante se negó a firmar una sentencia redactada por el abogado patrocinante de Correa y en su lugar firmó un juez provisorio, Juan Paredes, que había ingresado por recomendación del citado abogado.
Paredes, cuyo acto fue conocido como “el paredazo”, en un interinato de 33 horas analizó un expediente de 5 mil fojas, cumplió una audiencia de 8 horas y redactó un dictamen de 158 cartillas. Ya estaba redactado, en realidad y lo único que él hizo fue bajar de 60 a 40 millones de dólares la sanción civil. Un acto de inaudita independencia.
Todo tal cual. ¿Y por qué temer? ¿A quién le puede caber duda de que se trató de una flagrante violación de la libertad de expresión, del pensamiento y una alcaldada?
Un detalle. Llama la atención que el caso haya pasado a la Corte y no se haya dilucidado a nivel de la Comisión en acuerdo con el nuevo gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno, que tiene bien claro lo que fue Correa.
Pero no es lo más inquietante. Desde hace unos años unos cuantos, gobiernos autoritarios y progresistas, ante la amenaza en que se había convertido la Corte IDH, resolvieron desconocerla o conquistarla. Correa fue uno de los cabecillas para esto último. Hizo o prometió una donación de un millón de dólares a la Corte, lo que motivó una serie de reconocimientos por parte del entonces presidente y actual miembro de la Corte, el colombiano Humberto Sierra Porto.
Pero el plan mayor, aparentemente, era “meter” jueces” amigos”. Y así el gobierno kirchnerista colocó al expresidente de la Corte argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni. A este, kirchnerista reconocido, se le acusó no hace mucho de ir contra las instituciones al pedir “el cambio” del presidente Mauricio Macri.
Correa, por su parte, consiguió el ingreso de Patricio Pazmiño Freire, hombre de su confianza. A Pazmiño en algunos lugares se le conoció como el “copernicano”. El hecho es que siendo ministro del Gobierno de Correa recibió una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que había ido a reclamar precisamente por el caso Palacio por lo que implicaba como ataque a la libertad de prensa y a la falta de independencia del Poder Judicial. La respuesta de Pazmiño fue que ha habido un vuelco “copernicano” en materia de democracia y que las teorías de Montesquieu sobre la separación y equilibrio de los poderes y del sistema tradicional democrático perdieron vigencia. Así nomás.
Habrá justicia, seguramente, pero el panorama no deja de generar interrogantes e inquietudes.
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