El equipo del Observatorio Educativo Ciudadano (integrado por 9 organizaciones de la sociedad civil y una organización multilateral), que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, presentó el informe “Financiamiento Público de la Educación” a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con el objetivo de presentar una mirada retrospectiva de la financiación de la educación en nuestro país, a lo largo de los últimos 20 años, y un prospectivo de cuánto costaría al 2030.
El informe señala que un aproximado del 80% de la inversión en educación corresponde al pago de recursos humanos, incluidos sus beneficios, y que en el análisis del grupo de gastos 100 (Servicios personales), específicamente los recursos destinados a la remuneración de los educadores, se evidencia que durante el periodo 2006-2017 se incrementaron los recursos destinados al financiamiento del salario, escalafón docente y subsidio familiar. Un aumento que incluso se mantiene en aquellos años con presupuesto neto decrecido.
Igualmente, el informe destaca que aproximadamente el 90% de la inversión en educación, desde hace más de 10 años, está sostenido con recursos del Tesoro Nacional (FF10), es decir, por los recursos constituidos primariamente por los impuestos que se cobran a personas y empresas, estando entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Empresas, el Selectivo al Consumo y los impuestos al Comercio Exterior. Dentro de estos recursos se encuentran también los royalties y las compensaciones recibidas de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.
Por otra parte, entre 2006 y 2017 lo que respecta a recursos del Crédito Público para educación (FF20-préstamos que recibe el Estado paraguayo) se observa una reducción considerable (-86%) en su participación. En contrapartida, los Recursos Institucionales y Donaciones (FF30-recursos generados por las propias instituciones y administrados por ellos mismos) tuvieron un incremento del 592%.
El incremento de los recursos de FF30 se debe en gran medida a los proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (Fonacide), pero esto solo representa el 9,48% de la inversión real que se hace por la mejora de la calidad educativa, la cual no cuenta con sostenibilidad en el tiempo, ya que se trata de recursos complementarios.
Igualmente, se evidencia una gran falencia en inversión física y se estima la necesidad de invertir en infraestructura escolar más de US$ 1.711 millones, a un promedio anual de más de US$ 131 millones.