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Los ministros de la Corte resolvieron auditar la gestión de los juzgados penales de garantías y de la Niñez y la Adolescencia. El objetivo es combatir la morosidad, que es uno de los graves problemas que afectan al Poder Judicial.
Fuentes tribunalicias explicaron que la decisión es de vital importancia, en el marco de la lucha contra la morosidad. Indicaron que la auditoría detectará principalmente el cumplimiento de los plazos procesales.
En el caso de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia, se indagará si los jueces de primera instancia emiten sus sentencias en el plazo de 60 días, como manda la ley.
Investigarán si las notificaciones se realizan con la agilidad requerida; si las diligencias se realizan por iniciativa del juez o si espera que las partes las impulsen.
En el caso de los juzgados penales de garantías, la auditoría apuntará a comprobar si los plazos para las audiencias de imposición de medidas se realizaran según dispone la ley, si las audiencias preliminares no demoran su realización y si los jueces emiten sus resoluciones inmediatamente culminadas las audiencias, entre otros puntos. En el caso de los Tribunales de Cuentas, que según una auditoría anterior había resultado que eran los más morosos del país, indicaron desde la Corte que en este fuero hay una auditoría permanente para controlar la gestión de los magistrados.
Por su lado, algunos jueces al conocer la decisión de la Corte, dijeron que también se tienen que auditar los despachos de los ministros, atendiendo que la mayoría de los casos se “congelan” en la máxima instancia.
Se deberían auditar las salas Penal, Constitucional y Civil, para saber quienes son los ministros morosos.
Por otro lado, se espera que la Corte dé a conocer el resultado de la auditoría, ya que en la mayoría de los casos queda guardada en el cajón del escritorio de los ministros, quienes al parecer no quieren que la ciudadanía conozca el resultado.
No se aplican sanciones
- La Corte había modificado la acordada que sanciona a los abogados que ejercen en forma abusiva el derecho. Sin embargo, la mayoría de los jueces no aplica las sanciones disciplinarias de la Acordada Nº 961, que entró en vigencia recientemente. El mencionado ordenamiento judicial, incluso dispone que los magistrados que no apliquen las medidas a los litigantes de mala fe, serán castigados por la Corte.
- Lo que más se chicanea es la audiencia preliminar. Hay causas en las que la Fiscalía acusó, y hace más de un año no se hace la referida diligencia. Ejemplo, el perjuicio de G. 47.000 millones al Indert mediante la compra ilegal de tierra en Cordillera.