Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Agustín Agüero Adorno, de 54 años, y su hijo Vicente Agüero Osorio, de 30 años, vecinos de la ciudad de Luque, quienes se encontraban privados de libertad por los hechos punibles de robo agravado desde el 2018 y microtráfico desde 2013, respectivamente.
Como supuestos autores fueron identificados Jorge Rafael González González (29), quien cumple una condena de 15 años por robo agravado y homicidio, y Marcos Alexis Núñez, mayor de edad. Ambos ya fueron aislados de la población penal, informó Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con los datos proporcionados por fuentes policiales, padre e hijo fueron encontrados a las 6:00 por guardiacárceles que recorrían el pabellón Mixto Alta, en el interior de su celda tendidos en el suelo, cubiertos de sangre y sin signos de vida.
Inmediatamente dieron aviso a la Policía y al Ministerio Público. Después fue a la penitenciaría el médico forense de la fiscalía, doctor Félix Colmán, quien inspeccionó los cuerpos y dispuso el trasladado de estos a la Morgue Judicial para un examen minucioso.
Después, Colmán detalló que Juan Agüero recibió 18 puñaladas y su hijo Vicente, un total de 24 puñaladas. Las heridas se presentaban en zonas del abdomen, espalda, piernas y cuello. Los cuerpos fueron entregados luego a los familiares.
El viceministro Rubén Maciel manifestó a nuestro diario que la principal hipótesis que se maneja en el caso es que se trataría de una venganza, sin embargo no se maneja concretamente el móvil del ajuste de cuentas.
Por su parte, Luisa, la hermana de Juan, manifestó que en la noche del martes habló con su hermano y no notó nada raro. Dijo que Juan no le mencionó sobre amenaza alguna, por lo que esto le resultó extraño.
A un año de la masacre
El martes se cumplió un año de la sangrienta gresca en la cárcel de San Pedro, entre las facciones criminales Clan Rotela y Primer Comando da Capital (PCC), que dejó como saldo un total de 10 fallecidos y 12 heridos. En la investigación de este hecho fueron imputadas unas 30 personas. El director del penal Wilfrido Victoriano Quintana Parodi fue destituido y procesado por esto.