Las dependencias del Ministerio de Justicia en las que se produjeron las intervenciones de fiscales fueron las de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Monitoreo y la Dirección de Institutos Penales.
En la causa hay hasta el momento 32 funcionarios de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero que están imputados, por la presunta comisión de los hechos punibles de liberación de presos, asociación criminal y frustración a la persecución y ejecución penal. Entre los procesados se encuentra quien fuera director del reclusorio en el momento del escape, Cristian González.
“Ellos pidieron los documentos de contrato para el monitoreo, vinculado a las denuncias que se habían formulado con los eventuales planes de rescate o episodios ocurridos en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero”, explicó ayer la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
“Ellos vinieron a pedir el contrato para establecer qué es lo que sucedió y que si alguien se percató por qué no alertó”, continuó la secretaria de Justicia.
La ministra Pérez informó también que los investigadores trabajan en el peritaje de las grabaciones de las conversaciones telefónicas e imágenes del circuito cerrado, para verificar la presencia tanto de los reos como de los funcionarios que trabajaban en la penitenciaría.
“Nosotros le dimos el listado de la documentación a la Fiscalía, que va a determinar la responsabilidad. Nosotros no podemos avanzar con relación a los imputados, quienes también están sumariados, pero el sumario está suspendido por que la ley establece debe ser a las resultas de la investigación penal”, aclaró Pérez.
Indicó que en caso de que se demuestre la implicancia de más funcionarios se actuará en consecuencia.