El legislador, en conferencia de prensa, informó de la presentación de esta propuesta con el pedido de sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para tratar la convocatoria a ambas cámaras legislativas. Justificó el pedido, señalando que la población de esa zona del país vive actualmente un clima de inseguridad y mencionó que el gobernador de ese departamento Ronald Acevedo dijo que la gente tiene miedo de salir a la calle.
Llano dijo que los responsables de la seguridad en esa parte del país fueron absolutamente avasallados y no existe hoy posibilidad de que puedan ganar ninguna batalla contra estos grupos del crimen organizado. Consideró que, en caso de que el Congreso apruebe declarar el Estado de Excepción, el presidente de la República Mario Abdo Benítez debería designar al mismo ministro del Interior Euclides Acevedo como interventor. Igualmente, Llano dijo que todas las autoridades policiales, desde el de mayor jerarquía hasta el último de los suboficial que realice algún servicio en el departamento deben de ser destituidos.
Asimismo, sostuvo que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debería cambiar a todos los fiscales que ejerzan funciones en Amambay y la Corte tomar decisiones con todos los jueces de la zona, sobre todo quienes tengan vínculo con el crimen organizado. Lo mismo debería hacer la Senad con sus agentes, indicó.
Tras la presentación del pedido de declarar Estado de excepción, el presidente de la Comisión Permanente Arnaldo Franco (ANR, HC) debe convocar a sesión extraordinaria de ese organismo, lo cual podría ocurrir mañana viernes. La Comisión, a su vez, puede convocar al Senado a sesión extraordinaria el lunes y, de aprobarse en esa instancia, la Cámara de Diputados podría reunirse al día siguiente y sancionar la declaración remitiéndola luego al Ejecutivo. La declaración del Estado de excepción habilita al Ejecutivo, durante su vigencia, a ordenar por decreto la detención de personas indiciadas de algún delito y su traslado de un punto a otro del territorio nacional. La propuesta de Llano es que a ningún detenido, se le permita salir del país, tal como prevé el artículo 288 de la Constitución.