El juez penal de garantías Raúl Florentín debe fijar fecha de audiencia preliminar para sustanciar el llamativo pedido de sobreseimiento definitivo que realizó la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Lidia Victoria Acuña Ricardo para Osmar Ludovico Sarubbi, extitular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), y otros 36 funcionarios.
El magistrado Florentín debería aplicar el trámite de oposición para que la Fiscalía General analice si corresponde o no el pedido de sobreseimiento definitivo, que tiene todos los aspectos de un “blanqueamiento”.
La investigación penal se inició luego de que se denunciará la conclusión de una auditoría especial del Poder Ejecutivo que había encontrado que entre los años 2015 y 2016, durante la gestión de Sarubbi, se provocó un daño patrimonial de G. 17.590.301.286 a la Essap.
Sin embargo, Acuña Ricardo, luego de haber imputado por lesión de confianza, el jueves pasado solicitó a juzgado el sobreseimiento definitivo para todos los procesados.
La fiscala argumentó que tras la investigación pudo concluir que esa institución no fue objeto de perjuicio patrimonial.
Acuña agregó que “si bien la figura del anticipo de fondos a rendir no estaba reglamentada, los imputados han realizado y presentado sus respectivas rendiciones de cuentas; asimismo, los bienes fueron adquiridos y los servicios fueron prestados a la Essap”, justificó.
Además de Sarubbi, fueron beneficiados con el pedido de la Fiscalía Ricardo Brítez González, Jhoni Báez Santacruz, Jorge Wilka, Luis Suárez González, Óscar Basso, Roberto Bogado, Francisco Torres, Humberto Samaniego, Juan Celso López, Derlis Cabrera, Óscar Méndez Bueno, Adriana Arce y Miguel Quinto.
Igualmente, fueron favorecidos Carlos Estigarribia, María Eugenia Bachero, Daniel Ojeda, Lilian Godoy, Néstor Roa, Terecio Cáceres, Fabián Rivarola, Emiliano Coronel, Virgilio Riveros, José Ríos, Ermes Raúl Villa, Osmar Osorio Kreitmayr, Orlando Barrios, Roberto Rojas, Cristina Sosa, Carlos Molinas Báez, María Jasinta Núñez, Lilian Céspedes, entre otros.
Imputó por las irregularidades
–En la imputación que dio origen al proceso, la Fiscalía refiere que en el periodo 2015 al 2016 el entonces presidente de la Essap, Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra, había firmado órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos y servicios en carácter de anticipos de fondos a rendir, cuyos montos superaban ampliamente el límite para el efecto y además carecían de contraprestación. Ahora, la Fiscalía sostiene que se han presentado las rendiciones de cuentas y los servicios fueron prestados.