El anuncio de la huelga de 30 días, que comenzará a partir de la medianoche del próximo lunes, fue confirmada ayer y tomarán parte los ocho sindicatos que aglutinan a funcionarios penitenciarios, además dos de Registro Civil y uno de funcionarios administrativos del Ministerio de Justicia.
Entre las reivindicaciones de los funcionarios figuran la ampliación por emergencia penitenciaria a G. 13.000 millones; la reprogramación de meses vencidos para reforzar créditos, cuyo expediente actualmente está a la vista y requieren G. 3.900 millones y la matriz salarial para guardiacárceles y un aumento de sueldo de un 30 por ciento, repartido en dos facetas.
Así también está la profundización de la matriz salarial por G. 24.000 millones para todos administrativos, así como un incremento para oficiales del Registro Civil y un pedido adicional del Presupuesto General de Gastos para el año 2020 por valor de G. 150.000 millones.
“Pedimos un aumento en dos facetas: uno de 15 por ciento en 2019 y otro 15 por ciento en 2020. Tenemos muchos compañeros que apenas ganan G. 2.112.000 y por eso hay mucha corrupción en la cárcel”, explicó Juan Velázquez, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Paraguay (STPP).
“Reclamamos también el cumplimiento del contrato colectivo. No se cumple el plus del pago del 30 por ciento por peligrosidad, además de plus del horario y las vacaciones recortadas”, añadió el dirigente gremial.
El anuncio de la huelga causó alarma entre las autoridades porque los integrantes de la facciones criminales recluidos en los distintos centros penitenciarios del país podrían aprovechar la ocasión para provocar amotinamientos o concretar planes de fuga masiva.