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BUENOS AIRES (AFP). “Lo que se quiere es acotar las facultades de la Corte y de los jueces”, aseguró el exgobernador de Santa Fe y excandidato presidencial por el Frente Amplio Progresista, el socialista Hermes Binner, en declaraciones a la radio LT3 de Rosario.
El proyecto es una reforma amplia que busca, entre otras cosas, darles carácter público a las declaraciones patrimoniales de los jueces, garantizar el ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público y obligar a publicar todos los fallos de la Corte y de tribunales de apelación.
También prevé llevar de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura que se encarga de designar a los jueces, y establece que siete de ellos sean elegidos por el voto popular y no por los magistrados como ocurre ahora con la totalidad del cuerpo, en tanto pone límites a las medidas cautelares que no podrán exceder los seis meses, prorrogables por otros seis.
“Hay dos poderes que son electos, que son el Ejecutivo y el Legislativo, entonces el Judicial es un poder diferente porque es el contralor que tiene que llevar el equilibrio de la sociedad para impedir desmanejos”, sostuvo Binner.
Legisladores opositores comenzaron ayer una campaña con debates callejeros y de recolección de firmas contra la reforma, en distintos puntos de la capital argentina bajo la consigna “Por una justicia independiente”.
El jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, denunció que el gobierno busca “arrasar con la independencia de los jueces, maniatar económicamente a la Corte y esterilizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado” .
Defensa de cambios
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) defendió el espíritu de la reforma de “promover un acceso igualitario al Poder Judicial”, pero advirtió en un comunicado que “limitar las medidas cautelares es cuestionable en su constitucionalidad” .
Subrayó que ese instrumento es “una medida efectiva para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad” y que “pueden ser necesarias para defender la libertad sindical o exigir acciones positivas del Estado a fin de garantizar derechos en condiciones de igualdad” .
El proyecto de ley fue presentado en el marco de una disputa entre el Gobierno y el grupo Clarín que frenó con una amparo la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales.