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Pablo Chargoñia, abogado del caso de la desaparecida maestra y activista uruguaya Elena Quinteros, destacó que Videla murió “luego de haber sufrido una condena judicial” y lamentó que otros “jerarcas represores del Cono Sur murieron sin que la justicia se pronunciara sobre sus abusos”.
“Hay que trabajar para que no vuelvan a ocurrir crímenes de lesa humanidad en nuestros países, existe la obligación de perseguir a los responsables de estos crímenes”, destacó.
Según él, en Uruguay hay jueces que se están oponiendo a las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia uruguaya (SCJ) porque esta “considera que los crímenes contra la humanidad son delitos comunes y prescriben”.
En los últimos meses, la SCJ ha tomado decisiones que generaron polémica en el país, como declarar inconstitucional una ley que evitaba la prescripción de los delitos de la dictadura o el traslado de la jueza Mariana Mota, que tenía a cargo medio centenar de expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos durante el período “de facto”, a un juzgado civil.
La posición de la SCJ sobre la llamada “Ley de Caducidad” fue incluso criticada por la ONU.
Roberto Castro, nieto del maestro Julio Castro, desaparecido durante la dictadura y cuyos restos aparecieron enterrados en un cuartel militar a las afueras de Montevideo en 2011, también recordó que Videla se encontraba cumpliendo su condena “con todas las garantías”.
“Yo creo que en Argentina se ha trabajado mejor, porque se han tratado los crímenes políticos. En Uruguay se investigó poco y se tenía la concepción de que los militares de acá no eran tan malos como los argentinos o chilenos”, aseguró.