La Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) dirigió ayer una nota al ministro de Hacienda, Benigno López, para solicitar la reducción temporal del ISC hasta el 30 de junio de este año. El documento está firmado por el presidente del gremio, Alejandro Guggiari, y el secretario, Juan José Rojas.
Los representantes indicaron que el gremio apoya las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno para evitar contagios masivos del coronavirus, y que les preocupan las consecuencias que las mismas implican y que podrían agravarse más en un futuro cercano. “Nuestras ventas cayeron en un 80% y con el 20% de ingreso bruto nos resulta imposible sostener las condiciones operativas de nuestras estaciones de servicio”, aseguraron al ministro.
Roberto Poletti, representante, afirmó que la propuesta planteada para hacer sostenible económica y socialmente la actividad solicitaron la reducción temporal con el objetivo de destinarlo a la bonificación de las estaciones de servicio. “Traerá un alivio a las empresas del sector, mayoritariamente micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”, dijo y especificó que en el país existen al menos 1.500 gasolineras y la estimación del gremio es que las mismas emplean a 50.000 personas.
Destacó que es primordial dar alternativas a las gasolineras para de esta forma aliviarlas del impacto económico. Calificó de imposible soportar los costos con la disminución abrupta de los ingresos y mantener el servicio.
Rememoró que el propio Gobierno reconoce la importancia del sector en la economía nacional al exceptuar la actividad en la lista del Decreto N° 3.512, artículo 2°, indicando que es primordial asegurar el mantenimiento de la cadena logística alimenticia, de insumos, servicios básicos, seguridad y salud del país.
Por otra parte, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, fue consultado acerca de la redacción final de la reglamentación del ISC a las naftas como parte de la reforma tributaria y prefirió por no brindar declaraciones y prometió que lo hará una vez firmado el decreto con las nuevas normas. Antes de la alerta sanitaria, el Gobierno estableció como plazo para culminar la redacción el 31 de marzo, que se cumplió hace una semana.