Ayer informábamos que el registro de las 11 horas del Departamento Técnico de la binacional daba cuenta de que el contrabando de la electricidad producida por Yacyretá se había interrumpido. En las charlas con los técnicos compatriotas de la EBY especulábamos que la interrupción podría imputarse a las publicaciones que hizo la prensa paraguaya sobre este nuevo episodio de violación argentina de la Art. XIII del Tratado de Yacyretá, las que se sumaron a las quejas efectuadas por los representantes paraguayos en la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad binacional, que tuvo lugar el jueves 12 del presente mes, aún ante los representantes del Gobierno argentino anterior en la entidad. O quizá debido a los reclamos que hizo el año pasado el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro su país a su par argentino.
Sin embargo, no pasaron ocho horas para que nuestros socios “por partes iguales” en la segunda central más grande y prolífica construida sobre el río Paraná reincidieran en la maniobra antitratado, denunciada –por cierto sin mucha energía y sin resultado alguno– en numerosas ocasiones por los gobiernos paraguayos de turno. “Desde las 18:00 de hoy domingo (15-03-20) Argentina volvió a vender energía de Yacyretá al Brasil”, informaba el parte técnico que los funcionarios compatriotas de la EBY remitieron anoche a nuestra redacción.
De acuerdo con los detalles técnicos: a las 20:00 la central, cuyo embalse se asienta sobre territorio paraguayo en más del 80%, generaba con 1.894 MW, potencia de la cual nuestros socios llevaron la energía adicional a 1.277 MW. Lo particular y llamativo de este mensaje es que la energía generada por 458 MW de la segunda cantidad era de nuevo vendida al Brasil, a través de la estación conversora de Garabí, instalada en la frontera brasileña-argentina.
Recordemos ciertos principios básicos consagrados por el Tratado. La energía de Yacyretá es el producto del esfuerzo común de dos países: Paraguay y Argentina –recordemos empero que el único factor insustituible en una obra de esta naturaleza, el agua, cubre un territorio que en más del 80% es paraguayo–. Que Argentina solo tiene derecho preferencial sobre la parte que no utilice nuestro país y que la energía binacional es para el “consumo propio” de los propietarios de la hidroeléctrica. La historia de los reclamos paraguayos –sospechosamente tibios durante casi todos los gobiernos paraguayos de turno– prueban que Argentina nunca respetó estos y principios y obligaciones del Tratado.
Además, que en los casi 25 años de producción de la central, nuestro país pudo aprovechar, inclusive debido a limitaciones técnicas que permitieron sus autoridades, por debajo del 7% del total y que nuestros socios, en la práctica, actuaron como si tuviesen el derecho exclusivo y no preferencial sobre nuestro excedente.
Apuntemos, una vez más, que la “compensación” que Argentina debe pagar el Paraguay por aprovecharse de la energía no utilizada fue fraccionada en pequeñas cuotas por la Nota Reversal de 1992 –rechazada por el Legislativo paraguayo en 1995– y que ni esas cuotitas son honradas, según los términos del controvertido y unilateral instrumento diplomático. Las fuentes técnicas consultadas confirman que la mora argentina, al menos de tres años, por este concepto ronda hoy los US$ 85 millones.
Señalemos, por último, que la energía paraguaya en Yacyretá debería costarle –debería, porque no paga– alrededor de US$ 8/ MWh y que en las transacciones con Brasil, objeto de nuestras denuncias, factura esa misma energía en alrededor de US$ 120/MWh.
Lo que dice el artículo XIII del Tratado
Cabe recordar que a través de esta importación ilegal, la empresa privada argentina Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) ha violado durante décadas el Art. XIII del Tratado de Yacyretá, que en una última línea de su Parágrafo 1° establece que la energía producida por la central binacional es para el propio consumo de los ejecutores e inversionistas del proyecto. Además, el Art. XIV estatuye que los servicios de Yacyretá por Agua y Energía Argentina, sustituida por Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), las cuales también podrán hacerlo por las empresas paraguayas o argentinas que estas indiquen.