El Ministerio de Hacienda emitió ayer la Resolución N° 479 por la cual prohíbe los pagos complementarios, esto se da luego que desde esta propia cartera se haya procedido al pago del “segundo aguinaldo” de G. 4 millones a cada uno de sus funcionarios, correspondiente al año 2019. Aunque desde Hacienda insisten que se trata de “bonificación familiar” y no del aguinaldo extra.
Esta resolución establece lineamientos generales para el proceso de elaboración del Decreto Reglamentario de la Ley de Presupuesto 2020 para que este incorpore medidas de racionalización en pagos de bonificaciones y gratificaciones, de gastos en viáticos, compra de obsequios, servicios de ceremonial y protocolo, de telefonía celular, así como otros gastos que pueden representar un ahorro para el Estado.
También dispone que para el pago de remuneraciones temporales imputadas en los objetos del gasto 133 y 125, los entes deberán justificar las cargas de trabajo existentes, de acuerdo con los programas de trabajo, de manera a constatar las necesidades reales de pagos extraordinarios.
Instruye además que los rubros correspondientes a bonificaciones y gratificaciones por servicios especiales deberán ser revisados los conceptos de pago, a fin de establecer topes e incompatibilidades entre las diferentes asignaciones, responsabilizando expresamente al ordenador de gastos por pagos realizados fuera de lo previsto en la norma.
Igualmente, la citada resolución dispone que con excepción del pago de subsidio familiar por hijo menor de 18 años previsto en la Ley de PGN y el Código Laboral, deberán ser restringidos todos los conceptos de pagos imputados en el objeto de gasto 131 como “subsidio familiar” que no se ajuste a lo dispuesto en la legislación, independientemente de la denominación que se le otorgue al beneficio y la fuente de financiamiento utilizada para los pagos.
El ministro Benigno López recibió duras críticas por contradicciones en su discurso de austeridad. El titular del Banco Central, José Cantero, y los miembros del directorio también fueron cuestionados por el cobro de remuneraciones adicionales como “ayuda vacacional” y “escolaridad de hijos menores”, pese a los altísimos sueldos que perciben.