La citada comisión asesora está conformada por unos 36 referentes políticos, sociales, económicos y académicos, entre los cuales existen varios ex altos funcionarios de gobiernos anteriores, cuyo desempeño no estuvieron exentos de duros cuestionamientos. Está en el grupo, por ejemplo, el Ing. Ángel María Recalde, expresidente de la ANDE y exdirector paraguayo de Yacyretá durante el gobierno de Horacio Cartes.
Recalde fue uno de los propulsores de la Nota Reversal Nº 02/17, conocido también como Acuerdo Cartes-Macri, sancionado por el Congreso paraguayo ya a inicios del Gobierno de Mario Abdo, pero sigue sin ser aprobado por el Parlamento argentino.
Según los antecedentes, en virtud de este acuerdo, Paraguay está obligado –entre otras cosas– a seguir cediendo a la Argentina la energía de Yacyretá que no utiliza, a un precio vil: US$ 11 el MWh, que –inclusive– se cree que puede perjudicar la posición paraguaya en Itaipú, donde se pretende lograr el anhelado “precio justo” por nuestra energía.
También están en la comisión cuestionados ex altos funcionarios de la ANDE y de Itaipú durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, como los ingenieros Héctor Richer (1997-1998) y Jorge Ayala Kunzle (exdirector general paraguayo de la binacional entre 2002-2003).
Al primero se le atribuye activa participación en las negociaciones que terminaron en la aceptación de la tristemente célebre “deuda espuria” de Itaipú, que surgió debido a que Brasil había pagado durante cinco años una tarifa inferior al costo de producción de la hidroeléctrica, violando el propio Tratado.
Igualmente, integran la comisión asesora James Spalding, exdirector general paraguayo de la entidad durante el gobierno cartista, y Víctor Romero, extitular de la ANDE durante el mismo periodo. También aparecen en el grupo Leila Rachid, excanciller nacional durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Condicionamiento
Asimismo, acudió al llamado el expresidente de la República Federico Franco (2012-2013), pero puso tres condiciones para seguir: Que las reuniones tengan periodicidad y sistematicidad, calendario, fines y objetivos concretos. Que sean, además, de carácter público, y no como la que resultó en el “acta de la vergüenza” (bilateral); y que las conclusiones sean vinculantes, “de lo contrario estaríamos demás”. Cuestionó igualmente la incorporación de gente que “ha entregado Itaipú desde su origen”, aunque no quiso dar nombres.
Piden constituir comisión negociadora
La “Campaña Itaipú ñane mba’e”, cuya titular, Cecilia Vuyk, asistió ayer a la primera reunión de la comisión asesora, aprovechó la ocasión para solicitar a la Cancillería que en el lapso de una semana se constituya la Comisión Negociadora del Anexo C.
Advierte que la misma debe estar conformada por “personas patriotas”, que han demostrado comprobadamente la defensa de nuestra soberanía en sus acciones y que no se encuentren vinculadas a hechos de “traición a la patria”, ni de corrupción en general, ni en Itaipú, en particular. Avisa que serán contralores de todo este proceso, desde dentro o fuera de la comisión, y denunciaran todo aquello que atente contra la soberanía y el interés nacional.