Manifestó que la supuesta “indisponibilidad” (que es un “argumento de hierro” que siempre se ha presentado con el caso Itaipú, por ejemplo) “es un mito” promovido principalmente por razones ideológicas, teniendo en cuenta que “no existe evidencia alguna” de rechazo de alguna propuesta paraguaya seria de venta de la electricidad de nuestras hidroeléctricas por parte de nuestros vecinos.
En las cavernas
Añadió, que –sin embargo– siempre fuimos “arrastrados” por la corriente normativa de nuestros socios en ambas binacionales a causa de la llamativa inacción de nuestras autoridades de turno, y porque algunos proponentes del último anteproyecto de ley, presentado por miembros paraguayos del Parlasur, impiden la institucionalidad eléctrica en nuestro país “y nos siguen sumiendo en las cavernas de la prehistoria”. “Esta ley (proyectada) pretende mantenernos en la oscuridad de la historia. Paraguay es el único país en toda América, además de Cuba, que mantiene una estructura cerrada en el sector eléctrico. En todos los países de la región se han creado y promovido los mercados eléctricos que permiten la atracción de fuertes inversiones que nuestro país necesita más que nunca. Todos los países hacen esfuerzos desesperados por atraer inversiones que estos parlasurianos rechazan, porque tienen aversión a la institucionalidad eléctrica y al capital privado”, aseveró Villate.
Agregó que los impulsores del proyecto de ley, que “instruye” a la ANDE a comprar el 100% de la energía, tanto garantizada como la adicional y los excedentes, utilizan dichas terminologías inexistentes en el Tratado, en el Anexo C y en el marco legal eléctrico del Paraguay, que también “brilla por su ausencia”. “Adoptan terminología de la arquitectura legal eléctrica brasileña, cuyo uso fue acordado solo en el plano administrativo de la binacional, ya que Paraguay no tiene el suyo, debido a la ausencia de normativas propias y del ente regulador, a cuya creación también se oponen”, lamentó.
Acotó que lo reprochable del caso es la carencia de una suficiente “responsabilidad política” de estos parlasurianos (encabezados por el Ing. Ricardo Canese) al proponer “proyectos impracticables”, sin determinar las consecuencias o disponer de las suficientes herramientas institucionales y recursos financieros que permitan concretar exitosamente semejante propuesta.