El 24 de julio pasado, el juez en lo Civil y Comercial Fernando Villalba solicitó a los directivos de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) prestar declaración indagatoria en el Juzgado a su cargo. La fecha para este trámite fue el 2 de agosto pasado, y también pidió una serie de documentaciones que guardan relación con los aranceles percibidos por certificados de licencias de conducir.
Mediante este trámite, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) desea determinar cuánto dinero no le transfirió la Opaci en cuatro años, desde la entrada en vigencia del Decreto Reglamentario 3427/015 de la Ley 5016 de “Tránsito y Seguridad Vial”. Según las documentaciones al respecto, por convenio le correspondía a la agencia G. 5.000 por cada registro.
María del Carmen Benítez, presidenta de la Opaci, y los demás directivos de la organización, no presentaron los documentos y tampoco declararon. Lo que hicieron fue recusar al magistrado de la causa, sin argumentos.
El juez Villalba exigió, entre otros documentos, comprobante de todo lo que ingresó al patrimonio de la Opaci correspondiente a aranceles percibidos de las municipalidades, por el certificado de licencias de conducir (emisión y renovación); la resolución 5 del 5 de febrero de 2016; registro de extractos de Cta. Cte. y ahorro; procedimiento por el cual ingresa a la Opaci aranceles por emisión de licencias (cantidad de emisiones y renovaciones); informe de vinculación de Justo Pastor Domínguez; libros de actas de las asambleas desde 2015 al 2018; libros de actas del director desde 2015 hasta 2019; copias de los balances, cuadros comparativos de pérdidas y ganancias; flujo de caja (2015-2018); comprobantes de ingresos desde 2015 al 2018; comprobantes de las declaraciones juradas de renta 2015 al 2019.
Ayer consultamos sobre el tema a Fernando Ferreira, director jurídico de la Agencia Nacional de Tránsito, y señaló que debe esperar a que se resuelva el trámite de referencia para reiterar el pedido bajo apercibimiento.
Explicó que la recusación del magistrado planteada por Opaci está fuera lugar, pues la recusación sin causal corresponde a juicios en lo contencioso y no se aplica a diligencias preparatorias.
“Reingeniería financiera”
La titular de la Opaci, a su vez, señaló ayer que este organismo no está ajeno a honrar deudas. “Estamos trabajando en una reingeniería financiera con todas las municipalidades asociadas a nuestra organización y en poder cumplir. Hay interés y compromiso y vamos a seguir respetando las instituciones respectivas. Acá nadie quiere delegar ni dar atribuciones que no estén estipulados en la ley”, dijo.
Dura puja por control de plata
Hay una “guerra” entre la ANTSV y la Opaci por el control de las licencias de conducir y las multas de tránsito. Opaci otorgó entre cuatro paredes la emisión de registros a Tecsisfocus, de Fernando Muñoz, y las fotomultas a Protoniquel, que según la Ley 5016/14 de Tránsito corresponde a la agencia. Opaci se atribuye funciones invocando autonomía municipal y usa un convenio de delegación de funciones.