Hasta fines de marzo de este año, según datos de las oficinas locales de la binacional, la generación acumulada de la gran central alcanzaba 2.630.593 GWh (1 GWh = 1000 MWh).
En ese período, el aprovechamiento paraguayo de tan abundante producción rondó el 7%, según coincidentes registros privados e inclusive oficiales.
Entonces, de esos 2.630.593 GWh, nuestro país, propietario indiscutible de la mitad, no solo porque el Tratado de Itaipú lo consagra, sino porque es dueño, en condominio, del único factor insustituible en una hidroeléctrica: la fuerza hidráulica del río Paraná.
De ese inmenso caudal de energía limpia, 1.315.296,5 GWh corresponden a nuestro país, de los que pudo usar solo 92.070,8 GWh (7%) y ceder, obligatoriamente, a su socio en condominio 1.223.225,7 GWh (93%), a cambio de un criterio que inclusive contradice el fin u objeto del Tratado –la división de la energía en partes iguales– que desplazó al que se practica en cualquier mercado: el de la venta.
El especialista paraguayo-norteamericano, Miguel Carter, en declaraciones a diarios de EE.UU. y también del Brasil, insistía en señalar lo ya expuso en Paraguay, que por esa cantidad de electricidad debió percibir US$ 75,4 mil millones de Brasil, pero recibió apenas US$ 5,5 mil millones.
Energía adicional
La controversia de los últimos días, que por poco desemboca en un juicio político al presidente Abdo y al vice Velázquez, tuvo como detonante el Acta del 24 de mayo pasado, que formalizaba el disgusto brasileño ante la decisión de la ANDE usar más de energía adicional (la más barata) y menos garantiza o cara.
En nueve años de operación (2010-2018), nos encontraremos con que la energía adicional, extraña al Tratado, alcanzó 173.214 GWh, con un promedio de 19.246 GWh, según datos oficiales. Si cotejamos las cantidades retiradas por Paraguay en ese lapso, veremos que el “peajero” o “pillo” utilizó de la misma el 7,1%, en tanto que la víctima hizo lo propio con un abrumador 92,9%.