La Cámara de Diputados sancionó el 19 de junio la ley que eleva del 60% (G. 1.267.537) al actual 100% (G. 2.192.839) del nuevo salario mínimo legal vigente, la remuneración para el trabajador doméstico.
Con la sanción, las trabajadoras domésticas sindicalizadas festejaron la decisión del Congreso Nacional.
La sanción de la ley tuvo media sanción sin mayores polémicas en el Senado. En la Cámara Baja sí se generaron controversias.
Mencionamos al diputado Édgar Ortiz (PLRA, llanista), líder de la bancada llanista, quien dijo que la ley era populista y –a su criterio– totalmente contraproducente para las mujeres trabajadoras al igual que lo fue la Ley de Lactancia.
Sebastián Villarejo (Patria Querida) recalcó que no se pueden hacer cambios de “golpe y directamente” que puedan afectar a millones de personas en el Paraguay. Incluso citó a economistas para dejar sentada su posición.
El gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, expresó en su momento que se trata de una ley lesiva.
“Para mí es una ley disuasiva. Va a ser que una gran parte del trabajo doméstico pase al negro, y otro grupo pasará a facturar como grupo independiente, liberal. Se van a articular varias estrategias que van a hacer que finalmente mucha gente no tenga seguro social”, dijo.