El Gobierno de Santiago Peña aún no ha respondido a los diversos gremios de la construcción que en las últimas dos semanas emitieron sendos comunicados, exhortando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a no desentenderse de la deuda de US$ 100 millones con contratistas del Estado, en intereses generados por retrasos en los pagos.
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) emitió un comunicado a fines de 2023 y expresó la preocupación de que el MEF desconozca el pago de los intereses generados por las deudas acumuladas en concepto de obras públicas ejecutadas por empresas nacionales y extranjeras.
A inicios de 2024, la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco) se hizo eco del pronunciamiento de Capaco y manifestó, en otro comunicado, que las deudas impagas a contratistas también perjudican a los distribuidores de materiales. “Nos vemos directamente afectados por la situación planteada por la Capaco y en consecuencia instamos a las autoridades a que se respeten y puedan ser cumplidos los acuerdos a los que hayan llegado con anterioridad. La previsibilidad y las reglas claras deben ser una bandera que lleve bien en alto el gobierno del Paraguay”, señaló el escrito.
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A su vez, la Cámara Paraguaya del Acero (Capac), emitió días después otro comunicado subrayando su “profunda preocupación” y añadiendo que el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado, especialmente en lo relacionado con el pago de deudas por obras públicas ya ejecutadas y debidamente facturadas, genera una situación insostenible. Resaltó además que representa un grave riesgo no solo para las constructoras, sino también para toda la cadena productiva, comprometiendo empleos, inversiones y la confianza en el país como un destino viable para los negocios.
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Preservar credibilidad
Luego, la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) se sumó al apoyo gremial, expresando vía comunicado que “el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, incluyendo los intereses de deudas acumuladas, es esencial para preservar la credibilidad institucional y fortalecer la confianza en Paraguay como un destino atractivo para inversiones nacionales e internacionales”.
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Pero pese a los reiterados pedidos de gremios al Gobierno, éste no ha respondido. Nuestro diario intentó conversar ayer con el viceministro de Finanzas del MOPC, Marco Elizeche, pero no lo conseguimos.
Mientras, las empresas constructoras esperan que el Gobierno cumpla con lo pactado en los contratos y pague los compromisos asumidos.