La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A (Copaco) está prácticamente en quiebra, pues lo que recauda por el servicio que presta ya no alcanza ni para pagar mensualmente los salarios a todos el personal.
La situación financiera de la estatal telefónica cada año empeora y los reclamos por la falta de pago de salarios son una constante de parte del personal y de los sindicatos de la institución.
El gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista) y los parlamentarios oficialistas, en una decisión política transfirieron sigilosamente esta carga a la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, que se financia con los impuestos que paga la ciudadanía.
El presupuesto fue sancionado por la Cámara de Diputados el último martes y pasará a consideración de la Presidencia de la República, desde donde Peña ya anunció que será promulgado sin objeción, lo que confirma que a través del PGN se abonará el salario y beneficios del personal de Copaco.
La ley de PGN entrará a regir desde el próximo mes enero y en su artículo 275 autoriza al Poder Ejecutivo, por única vez y durante el presente ejercicio, a realizar los procedimientos necesarios para el traslado definitivo de los empleados de Copaco S.A a los organismos y entidades del Estado.
Lea más: Crisis en Copaco: planean reubicar a más de mil empleados y que les paguen los contribuyentes
Traspaso se hará a través del MEF
El traspaso se hará a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a la reglamentación que será dictada por el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, a cargo de Andrea Picaso.
La normativa del PGN establece que dicho traslado tendrá carácter de excepción al concurso para el ingreso a la función pública y que los empleados trasladados gozarán de la misma antigüedad, régimen de jubilación y demás derechos adquiridos y las funciones que se les asignen deberán estar en conformidad con el perfil de cada funcionario.
Lea más: Copaco registró pérdida de US$ 28 millones y destituyen a su titular a solo cuatro meses de gestión
Además, dispone que los funcionarios comisionados en los organismos y entidades del Estado, que forman parte del presupuesto general de la nación, serán trasladados de manera definitiva en las entidades de destino.
Cuando ABC sacó a luz a fines de noviembre esta intención de transferir los funcionarios al presupuesto público, el presidente de Copaco S.A, Óscar Stark, dijo que actualmente cuenta con aproximadamente 2.500 empleados y el plan apunta a que unos 1.300 pasen a formar parte del presupuesto público, aunque en la ley sancionada no establece una cantidad.
SA con 100% de acciones del Estado
Copaco opera como sociedad anónima, aunque el 100% de las acciones pertenecen al Estado paraguayo, y como tal no forma parte de la ley de presupuesto, al igual que la Empresa de Servicios Sanitarios S.A (Essap) y Ferrocarriles del Paraguay S.A (Fepasa).
El año pasado, según informó Stark a poco de asumir el cargo en enero del presente ejercicio, registró una pérdida de casi US$ 28 millones y acumulaba una deuda de US$ 113 millones, que incluía a proveedores, deudas fiscales, empleados, entre otros.
Lea más: El MEF pagó deuda de Copaco y del Fondo Ganadero
Además, el Ministerio de Economía ya tuvo que hacerse cargo el año pasado del pago de la deuda de la telefónica, de acuerdo con los datos que obran en el informe financiero 2023 remitido a consideración del Congreso.
La deuda abonada por el MEF asciende a US$ 1,1 millón, que incluía amortización e interés, a entidades como Fonplata y la Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) de Japón “JICA”.
Fallido proceso de privatización
Copaco S.A surge a partir de la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), que fue transformada para su privatización durante el gobierno del presidente de la República, Luis González Macchi (ANR).
El proceso fracasó por la fuerte oposición de los empleados y las denuncias de supuesta corrupción en torno a la venta que se llevaría a cabo a través de la entonces Secretaría Nacional de Reforma del Estado, de acuerdo a las publicaciones de este tiempo.
Lea más: Crítica situación de Copaco: ¿Cuál es su futuro en el mercado de telecomunicaciones?
Atendiendo las denuncias de corrupción, el Congreso decidió en 2002 suspender la aplicación de la Ley Nº 1615/2000, de Reorganización y Transformación de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la Administración Central.
Con la nueva ley aprobada se frenó el proceso de privatización de las entidades públicas convertidas en S. A, que también incluía a la entonces Corporación de Obras Sanitarias (Corposana), hoy Essap; y al Ferrocarril Central Carlos Antonio López, hoy Fepasa.