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El proyecto de ley de PGN 2025 tiene media sanción, la de la Cámara de Diputados, y será tratado por el Senado el jueves 28 de este mes, en sesión extraordinaria, en la fecha límite establecida para expedirse, ante de que tenga una sanción automática.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto está presidida por el colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar y la Comisión de Cuentas y Control por el liberal cartista Dionisio Amarilla, que en la fecha tienen previsto emitir un dictamen conjunto sobre el presupuesto.
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La sesión conjunta se lleva a cabo actualmente en la sala del Senado, en forma reservada, decisión que no deja de llamar la atención, ya que entre los puntos a definir está la propuesta de autoasignarse beneficios extraordinarios a costa de la ciudadanía que los paga con sus impuestos.
A definir: seguro vip, combustible y aumento
Entre los puntos principales a definir está el seguro médico vip de G. 1.200.000 mensuales, el vale de combustible de G. 5.000.000 mensuales o destinar este monto para aumentar el gasto de representación de los 125 parlamentarios.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso recomendó aprobar el seguro vip y el vale de combustible, pero Diputados solo aprobó este último, mientras que en el Senado se plantea destinar los G. 5.000.000 a gastos de representación.
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Si se confirma esta operación en el Senado, el vale de combustible que se puede recortar o dejar de pagar, se convertirá en un gasto rígido del Estado porque pasará a formar parte del ingreso de los legisladores y será de pago obligatorio, para siempre.
Los senadores y diputados con esta jugada pasarán de un ingreso de G. 32.774.840 mensuales (dieta más gastos de representación) a G. 37.774.840 mensuales, un privilegio más que lo tendrá que pagar la ciudadanía con los impuestos.
Más privilegios: primera clase y “nepobabies”
A esto se sumaría el pasaje aéreo en primera clase de los que tengan una “misión parlamentaria al exterior”, que de nuevo fue incluido en el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo.
Los parlamentarios también desde hace años se exceptúan de las prohibiciones establecidas en la “Ley Godoy” y en ley de la función pública, lo que les permite nombrar a sus “nepobabies” (hijos o familiares) en cargos públicos con sueldos millonarios y sin concursos, así como también a la clientela política.