El organismo identificó tres grandes fuentes de ineficiencia en el gasto público en los países de la región. A decir: las compras públicas vinculadas a los problemas en las licitaciones, ineficiencias en la selección de proyectos de inversión o corrupción; transferencias monetarias a los ciudadanos, que, en muchos casos, no necesitan asistencia estatal. y las remuneraciones al personal. La asignación de este componente del gasto público representa 29% del presupuesto público total de ALC.
Beneficios especiales en el sector público
Para el análisis en Paraguay de los recursos destinados al financiamiento de beneficios otorgados a los funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se consideraron los siguientes componentes: las remuneraciones adicionales, extraordinarias, el subsidio familiar, además de las bonificaciones y gratificaciones, por servicios especiales y el subsidio para la salud. No se contemplaron los sueldos.
Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que entre los años 2013 y 2023 se pagaron por beneficios especiales más de G. 10,7 billones, alrededor de US$ 1.800 millones ó 4% del Producto Interno Bruto. El Poder Ejecutivo concentra el volumen de asignaciones adicionales con el 73% del total, seguido por el Judicial y Legislativo con el 23% y 4%, respectivamente.
Es importante mencionar que en la base proveniente del MEF no se contemplan los datos expuestos a continuación. Por tanto, los pagos de beneficios especiales podrían ser muy superiores a las estadísticas disponibles y procesadas.- Para el Poder Ejecutivo, no figuran datos sobre las bonificaciones y gratificaciones desde el 2021 al 2023.- Para el Legislativo, en el periodo de análisis no se cuenta con el componente del subsidio para la salud. En el 2020, tampoco se registra la remuneración adicional. En el 2021 y 2022 no se contemplan datos de las remuneraciones extraordinarias, adicionales ni bonificaciones y gratificaciones. En el 2023 tampoco las remuneraciones adicionales, bonificaciones y gratificaciones. - Para el Poder Judicial, en el 2021 no existen datos de bonificaciones y gratificaciones. En tanto que en los años 2022 y 2023 no se cuenta con información sobre los beneficios adicionales.
En cuanto al comportamiento que han tenido los mencionados componentes del gasto, el mayor nivel se registró en 2014, con US$ 307,9 millones, mientras que en 2023, el monto cayó a US$ 60,7 millones, lo que representó una reducción acumulada de aproximadamente el 80%.
En los años siguientes, fluctuaron en torno a los US$ 190 millones, antes de caer drásticamente en 2021, coincidiendo con la post pandemia de covid, cuando se registraron US$ 64,8 millones, un 66% menos que en 2020. Es de mencionar que, en términos sociales y económicos, la significativa reducción en estos beneficios estuvo asociada a la implementación de políticas de austeridad fiscal impulsadas por los desafíos derivados de la crisis sanitaria que profundizaron el complicado escenario de las finanzas públicas y la presión por seguir destinando recursos a sectores prioritarios, como salud y protección social.
Desde el 2021 hasta los últimos datos oficiales disponibles, el promedio de pagos destinados a los beneficios adicionales se ha mantenido en torno a los US$ 60 millones, monto igualmente significativo que revela la necesidad de realizar una urgente y profunda reingeniería del gasto, apuntando a la calidad del mismo.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.