El informe del MEF da cuenta que en el mes de octubre la Caja Fiscal cerró con saldo rojo de G. 181.603 millones (US$ 23,3 millones al cambio vigente), que representa una diferencia de 40% entre los ingresos obtenidos en concepto de aportes y los pagos realizados en concepto de jubilaciones y pensiones.
Con este resultado del mes de octubre, el déficit acumulado en diez meses superó G. 1,8 billones (US$ 235 millones al cambio vigente), un agujero que se cubre en su mayor parte con los impuestos que paga la ciudadanía y con el superávit del sector de empleados públicos.
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La referida caja está compuesta por los siguientes sectores: empleados públicos, con un superávit del 19% al mes de octubre; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros que acumulan déficit del 31%, 19%, 76%, 67% y 46%, respectivamente.
Según un estudio realizado por el MEF, las reservas de la Caja Fiscal se agotarían en 2027 y el Tesoro Público tendrá que financiar posteriormente el déficit total, para que los jubilados y pensionados puedan cobrar cada mes.
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A pesar de esta alerta lanzada por la misma institución que administra la caja jubilatoria del sector público, el gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista) decidió postergar para el próximo año la presentación al Congreso del proyecto de ley de reforma.
FMI sugiere reformar la Caja Fiscal
Sobre este punto, Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental para el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo a ABC que a pesar de que siendo relativamente limitado, el déficit de la Caja Fiscal fue ampliándose gradualmente en los últimos años por lo que es importante implementar reformas paramétricas más temprano que tarde para evitar que el déficit siga creciendo y desplace otras prioridades de gasto importantes.
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Además, señaló que el uso persistente de los ingresos fiscales para financiar el déficit de la Caja Fiscal podría generar cuestionamientos sobre equidad entre los funcionarios públicos y trabajadores privados, y socavaría el objetivo de las autoridades de aumentar la confianza pública en el gasto gubernamental.
La Caja Fiscal cuenta actualmente con 228.996 aportantes, que son los funcionarios activos que contribuyen al fondo de jubilaciones con el 16% de sus ingresos; y 78.108 beneficiarios, entre jubilados y pensionados.