En términos generales, el gasto rígido ha pasado de unos US$ 600 millones hace dos décadas a aproximadamente US$ 5.000 millones al cierre de 2023. En tanto que, de enero a setiembre de este año, el Estado ya desembolsó más de US$ 3.500 millones para el pago de salarios, intereses y prestaciones sociales. Una expansión que sigue reflejando la presión constante sobre las finanzas públicas.
Al observar por componentes, la remuneración a los empleados, que en promedio ha representado el 70% del total del gasto rígido, se configura con el aumento más significativo. En 2003, para el pago de la planilla salarial se habían destinado US$ 420 millones y veinte años después, la suma es de casi US$ 3.000 millones. El incremento está asociado a la contratación de empleados y los ajustes salariales que han ocurrido en el transcurso de estos años. Dado que los salarios en el sector público son considerados gastos rígidos, como se mencionaba en ediciones anteriores, su expansión implica una menor flexibilidad para reasignar recursos en situaciones de emergencia o crisis económica.
Las prestaciones sociales también han mostrado una tendencia creciente y, en años recientes, se han convertido en un componente considerable del gasto rígido (23% del total) vinculado a la implementación de programas sociales para mitigar la pobreza y la desigualdad, especialmente en contextos de crisis económica. De US$ 150 millones llegó a más de US$ 1.200 millones en el periodo 2003-2023. El aumento en este rubro es relativamente positivo y momentáneo desde el punto de vista social, ya que busca garantizar un mínimo de bienestar para la población vulnerable, pero también representa una carga presupuestaria que el Estado debe financiar de manera sostenible ante la ausencia de planes que ayude al segmento más vulnerable a salir de la mencionada condición y mantenerse fuera.
El pago de intereses es otro gasto importante que ha crecido paulatinamente, aunque su participación en el total, en promedio, ha sido del 7%. De destinarse alrededor de US$ 70 millones en 2003, al cierre de 2023 se canalizaron más de US$ 700 millones. El aumento en este rubro refleja el endeudamiento progresivo del país para financiar tanto gastos corrientes como proyectos de inversión. A medida que la deuda pública se incrementa, también lo hacen los pagos de intereses, limitando aún más la capacidad del Estado para destinar recursos a otras áreas. Este crecimiento, aunque menos significativo que el de las remuneraciones y prestaciones sociales, es un indicador de que la política fiscal del país ha sido sostenida en parte por deuda, lo cual presenta importantes desafíos para las finanzas públicas.
Desafíos y perspectivas
En un contexto donde se busque implementar reformas estructurales o ajustes fiscales, las autoridades se enfrentan al reto de equilibrar la necesidad de mantener las obligaciones actuales con la de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
Igualmente, a medida que se incrementa la deuda y, por ende, el pago de intereses, el Gobierno se ve en la obligación de buscar alternativas para generar mayores ingresos, ya sea a través de una mejora en la recaudación fiscal, mediante la atracción de inversiones que impulsen el crecimiento económico o incluso con la creación de impuestos, que para el caso de esta administración había sido descartada.
Finalmente, el desafío radica en asegurar que el crecimiento del gasto rígido, especialmente en remuneraciones e intereses, no comprometa la capacidad del Estado para responder a emergencias futuras ni su posibilidad de financiar inversiones necesarias para el desarrollo del país.
Fuente: MF Economía e Inversiones con datos del MEF