La consultora internacional Fitch Ratings, luego de realizar una nueva evaluación, mantuvo a nuestro país su calificación de BB+, con perspectiva estable, un peldaño por debajo del grado del inversión.
Fitch es una de las tres principales agencias calificadoras de riesgos a nivel internacional, junto con Moody’s y la Standard & Poor’s, y desde el gobierno del presidente Santiago Peña (ANR-cartista) se esperaba que otorgara el segundo grado de inversión después de Moody’s.
La agencia Moody’s a finales del mes de julio elevó la calificación de Paraguay a Baa3, con perspectiva estable, que corresponde al grado de inversión que por primera vez logró Paraguay.
La Standard & Poor’s, por su parte, luego de 10 años elevó en febrero su calificación crediticia al país a BB+, con perspectiva estable, situándolo igualmente a un peldaño de alcanzar el grado de inversión, por lo que se aguarda para el próximo año una nueva calificación.
Factores clave de la calificación
Fitch en su informe señala como factores clave que las calificaciones de Paraguay reflejan su historial de políticas macroeconómicas generalmente prudentes y consistentes, una deuda gubernamental baja en comparación con pares con calificaciones similares a pesar de un aumento en los últimos años y una liquidez externa sólida.
La consultora, sin embargo, afirma que “sus calificaciones están limitadas por indicadores de gobernanza débiles, una base de ingresos bajo, un mercado de capitales local poco profundo que reduce la flexibilidad de financiamiento fiscal y la vulnerabilidad a choques climáticos adversos”.
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En el análisis de la reforma planteada por el gobierno de Peña, la calificadora menciona que se anunció una agenda de reformas destinadas a mejorar la eficiencia institucional, garantizar la transparencia y combatir la corrupción.
“Una prioridad clave este año es aprobar una ley de servicio civil diseñada para establecer una mayor meritocracia dentro del servicio público”, añade la entidad.
Gobierno acuerda y sindicatos niegan
El referido proyecto de ley del servicio civil está actualmente a consideración de la Cámara de Senadores, luego de que el gobierno presentara una nueva versión que incluye modificaciones, que según el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, fueron acordadas con los sindicatos.
En el Senado los legisladores cartistas y aliados cartistas, que son mayoría, confirmaron que el proyecto de ley será tratado en plenaria el miércoles 13 de noviembre.
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Los sindicalistas de diversos sectores públicos, en cambio, se habían reunido unos días antes con senadores de la oposición para pedir una prórroga para el estudio del proyecto, desmentir el acuerdo mencionado por el ministro y acusaron al presidente Peña de pretender eliminar el derecho a la huelga, a la agremiación y la contratación colectiva.
Superintendencia de jubilaciones
La consultora Fitch también menciona en su informe que se está creando una superintendencia de jubilaciones y pensiones, aprobada el año pasado para abordar problemas de larga data en el sistema de pensiones.
La Ley N° 7235, “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”, fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 14 de diciembre de 2023.
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La referida normativa crea el Consejo de Seguridad Social, pero hasta la fecha no puede funcionar porque falta que los jubilados y trabajadores elijan a sus representantes.
El consejo debe estar integrado por representantes del sector oficial: el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ministro de Economía, Fernández Valdovinos; la ministra del Trabajo, Mónica Recalde.
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También un representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), gremio que ya tiene su terna de candidatos; un representante de los jubilados y uno de los trabajadores, estos dos últimos aún discuten como se llevará a cabo la elección.
Una de las funciones del consejo es elevar a consideración del presidente de la República la terna de candidatos para la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que se encargará de supervisar a las cajas de jubilaciones y pensiones públicas y privadas, la mayoría de estas registran actualmente problemas financieros.