La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso ya recibió en audiencia a las principales autoridades de 22 instituciones públicas, de las 27 programadas, tanto del sector de la administración central como de las entidades descentralizadas.
Son cuatro audiencias que se llevaron a cabo desde la segunda quincena de setiembre último, cuando el organismo asesor del Congreso inició el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2025.
La agenda actualizada de la comisión, en principio, prevé para mañana, lunes 14, su quinta audiencia y el jueves 17 la última, ya que el lunes 21, el jueves 24 y lunes 28, debatirán en plenaria sobre las modificaciones que introducirán en el proyecto de presupuesto antes de que emitan el dictamen.
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El dictamen será elevado a la Cámara de Diputados, primero, y a la Cámara de Senadores, después; cámaras que en los meses de noviembre y diciembre decidirán, en plenaria, la aprobación o el rechazo del PGN 2025.
El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo se toma como referencia durante el análisis, teniendo en cuenta que es el poder administrador el que estima los ingresos de los que dispondrá para financiar los gastos, dentro del plan de convergencia fiscal que pretende volver al tope de déficit del 1,5% del PIB en el 2026.
Aumentos solicitados
Algunas entidades públicas solicitaron a la bicameral aumentos en sus respectivos presupuestos del año venidero para realizar inversiones, compras de equipos, creaciones de cargos y aumentos de salarios a los funcionarios.
En total, el monto requerido al final de la cuarta audiencia de la comisión asciende aproximadamente a G. 985.931 millones (US$ 130,2 millones).
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La cifra representa 34,08% más con relación a la asignada por el Ejecutivo en su proyecto PGN 2025, que presentó al Congreso el 30 de agosto último.
Las solicitudes planteadas a la bicameral son los siguientes: el Ministerio Público o Fiscalía pidió US$ 40,4 millones, el Ministerio de la Defensa Pública US$ 10,5 millones, el Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), US$ 4 millones.
También lo hicieron la Corte Suprema de Justicia, US$ 68,1 millones; y la gobernación del Departamento de Central, US$ 7,2 millones.
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Pedidos sin mencionar montos
Otros pedidos fueron realizados también, pero no mencionaron los montos, al menos durante la audiencia de la bicameral, por ejemplo los que hicieron la Contraloría General de la República y las 17 gobernaciones departamentales.
La propuesta de la Contraloría, además de la compra de vehículos, equipos informáticos y refacción de su edificio, consiste en la reprogramación de los denominados gastos en servicios personales, para una “adecuación salarial” que beneficie a todos los funcionarios de la entidad.
Plantearon que las bonificaciones y horas extras sean eliminadas y que los recursos pasen a formar parte del salario del personal, decisión que implicará la conversión de un gasto ocasional en gasto rígido, como es el caso de las horas extraordinarias (en los próximos años podrían reclamar de vuelta que se pague horas extras).
En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los parlamentarios cuestionaron el bajo presupuesto que le asignó el Ejecutivo, principalmente para que apoye la agricultura familiar, pero adelantaron que le van a aumentar esa asignación.
El cartismo a prueba
Los pedidos de aumento pondrán a prueba a los parlamentarios colorados cartistas, que tienen mayoría tanto men la comisión bicameral como en las cámaras del Congreso, atendiendo que el Ejecutivo, a través del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había solicitado que se mantenga el tope de gastos para evitar que se sobrepase el déficit fiscal establecido de 1,9% del PIB.
El ministro señaló a los legisladores, sin embargo, que pueden realizar modificaciones dentro de ese marco del proyecto, aclarándoles que si van a asignar más recursos a algunas instituciones deben reducir los gastos de otras entidades.
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El PGN 2025 que presentó el Ejecutivo a finales de agosto asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), de este total, a la administración Central le asignaron G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).
La referida propuesta representa un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), 14% más con relación al presupuesto aprobado del 2024.