Esta iniciativa popular para ampliar la tarifa social de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que superó la meta de 48.321 firmas requeridas, será presentada al TSJE para su verificación y posterior tratamiento como proyecto de ley en el Congreso Nacional. El acto incluirá una breve explicación sobre la importancia de la propuesta y el proceso que permitió recolectar más de 50.000 firmas en apoyo a la misma, tanto en formato digital como en papel, contenidas en seis biblioratos y 2.000 planillas.
El evento es convocado por organizaciones como ANDE Pueblo Mba’e, Itaipú Causa Nacional, el Partido Paraguay Pyahurã (PP), el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores.
Una propuesta social y económica
El proyecto de ley establece que la energía eléctrica debe ser considerada un derecho humano, al igual que la educación y la salud, y propone que la ANDE tenga la obligación de garantizar el acceso a todas las familias y pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país. El texto de la ley contempla la implementación de una tarifa social más accesible, con un descuento del 90% para los consumos más bajos (0-100 kWh/mes), y menores reducciones para consumos moderados (hasta 1.500 kWh/mes).
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El objetivo principal es abarcar tanto a los sectores populares como a la clase media, además de ofrecer tarifas reducidas a las mipymes, hecho que contribuiría a la generación de empleos. También se propone incluir a las Juntas de Saneamiento, para que el acceso al agua sea tratado como un derecho humano y su costo sea reducido.
La iniciativa contempla beneficios especiales para los adultos mayores con ingresos bajos y para los pueblos indígenas. En estos casos, se establecería una tarifa gratuita para consumos de hasta 300 kWh/mes, y luego se aplicaría una escala tarifaria progresiva, según la propuesta que será presentada.
Financiamiento y mejoras en el servicio
Para financiar la ampliación de la tarifa social, el proyecto sugiere destinar el 50% de los ingresos anuales generados por la energía eléctrica, que se estima en US$ 1.250 millones, a la ANDE. Esto significaría un ingreso de US$ 625 millones anuales para la empresa estatal, de los cuales US$ 200 millones serían destinados al subsidio de la tarifa social, mientras que el monto restante se invertiría en mejorar la calidad del servicio eléctrico.
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Además, el proyecto propone la utilización de fondos provenientes de los salarios elevados y gastos superfluos de las entidades binacionales como Itaipú, para garantizar una implementación sostenible del subsidio.
Próximos pasos
Una vez verificadas las firmas por el TSJE, la iniciativa será presentada formalmente al Congreso para su tratamiento. Los promotores esperan que la propuesta sea discutida con celeridad, dado el impacto social y económico que podría tener en amplios sectores de la población.
El evento del viernes representa un paso importante en el esfuerzo de diversas organizaciones sociales y políticas para asegurar que la energía eléctrica se convierta en un derecho accesible para todos los paraguayos, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, destacan los organizadores.