La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso realizó la primera audiencia informativa para el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 el pasado lunes 23, recibiendo en la sesión a las principales autoridades de siete entidades.
Los primeros cinco que acudieron a la audiencia informativa fueron ministros del Poder Ejecutivo, quienes se cuidaron bastante para evitar solicitar aumentos por encima de la propuesta presentada.
Algunos, sin embargo, hicieron notar la necesidad de más recursos sin decirlo directamente, como el ministro de Defensa, Óscar González, quien señaló que “no solucionará el problema, pero permitirá mejorar el control” en referencia a la vulnerabilidad de nuestras fronteras.
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También en esa línea lo afirmado por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, de que “es lo mínimo” que pueden pedir para continuar con el combate al narcotráfico.
Los que no dieron vueltas ese día y pidieron directamente aumentos presupuestarios fueron el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y el defensor general, Javier Esquivel, ambas solicitudes suman G. 385.560 millones (US$ 50,9 millones).
El pedido del fiscal general
El titular del Ministerio Público solicitó un adicional de G. 305.931 millones (US$ 40,4 millones al cambio presupuestado), en comparación con el proyecto presentado por el Ejecutivo.
La propuesta de la Fiscalía es llegar el próximo año a un presupuesto total de G. 1,1 billones (US$ 139,4 millones), en tanto el plan de gasto asignado en el plan del Ejecutivo es de G. 749.582 millones (US$ 90 millones).
El pedido incluye un aumento salarial del 25% para todos los funcionarios del Ministerio Público y la creación de 596 cargos (cuenta actualmente con 5.343 cargos permanentes).
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La Cámara de Senadores tiene pendiente de tratamiento un pedido de ampliación del presupuesto 2024 de la Fiscalía, por G. 46.000 millones, que incluye la creación de 300 cargos para nuevos fiscales, asistentes, secretario fiscales, auxiliares fiscales, sicólogos, trabajadores sociales, choferes, asistentes y médicos forenses.
Una vez aprobado, que sería la tendencia de los votos en el Senado, esto deberá impactarse en el proyecto de presupuesto 2025.
El pedido del defensor general
El Ministerio de la Defensa Pública, por su parte, solicitó un adicional de G. 79.628 millones (US$ 10,5 millones al cambio presupuestado), con respecto a la propuesta de presupuesto del Ejecutivo.
La entidad propone llegar a G. 355.010 millones (US$ 46,9 millones), en tanto el Ejecutivo le asignó G. 275.382 millones (US$ 36,3 millones).
Esquivel argumentó que el pedido adicional no prevé creaciones de cargos, pero sí una nivelación salarial para los ujieres, médicos forenses y mediadores como se establece en el artículo 77 de la Ley N° 4423/11, orgánica del MDP, en cuanto a la equiparación de los salarios de la institución con el Ministerio Público.
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Además, para implementar el programa de desprecarización laboral para que el personal contratado, así como la construcción de edificios, entre otros.
El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con una ampliación aprobada este mes, de G. 20.060 millones (US$ 2,6 millones), para aumentos al personal contratado, pago de bonificaciones, gratificaciones por servicios prestados, jornales, servicios básicos, entre otros gastos.
La ampliación fue promulgada por el Ejecutivo y, por lo tanto, su impacto deberá ser incluida en el proyecto de presupuesto del MDP para el ejercicio 2025.
MEF pidió respetar los topes
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en la primera sesión de conformación de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, realizada el 16 de este mes, solicitó a los legisladores respetar los topes de gastos establecidos en el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo.
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Explicó que el próximo año el tope de déficit fiscal será de 1,9% del PIB, como parte del plan de convergencia fiscal que prevé para el año 2026 volver al límite de 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal, por lo que pidió que no se aumenten los gastos.
Fernández Valdovinos indicó que, en todo caso, se podrían realizar las modificaciones que crean pertinentes dentro del tope de gastos, pero teniendo en cuenta que si hay cambios se deberá sacar recursos de alguna institución para darle a otra.