El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, expuso el último lunes ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, el proyecto de presupuesto 2025 del Ministerio Público.
La comisión bicameral tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de agosto, y como parte de esta tarea, lleva adelante audiencias informativas con las autoridades de las instituciones públicas.
Rolón Fernández fue uno de los seis convocados el lunes último y, durante su exposición, habló poco de los números del proyecto y se centró más bien en hacer notar las carencias que tiene la institución para cumplir con su misión constitucional.
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Solicitó más recursos
El fiscal argumentó la necesidad de contar con mayores recursos para cumplir con compromisos aún pendientes, obras de infraestructura y el déficit de inversión en capital humano, por lo que insistió en que se apruebe el proyecto de presupuesto que plantea la institución, que es mucho más de lo asignado en el proyecto presentado por el Ejecutivo.
Los datos del proyecto de presupuesto del Ministerio Público fueron entregados a los senadores y diputados miembros de la comisión bicameral, con el detalle, los recursos requeridos y el destino de los mismos.
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El informe de la Fiscalía revela que solicita la aprobación de G. 1,1 billones (US$ 139,4 millones al cambio presupuestado), que representa un aumento de G. 384.847 millones (US$ 50,8 millones) y equivale a 57,38% más con respecto al presupuesto vigente 2024.
El proyecto de presupuesto del Ejecutivo, en contrapartida, le asigna al Ministerio Público para el próximo año G. 749.582 millones (US$ 90 millones), suma que representa G. 305.931 millones (US$ 40,4 millones) menos de lo pretendido por organismo auxiliar de la justicia.
Aumento salarial
El 78,7% del aumento de recursos solicitado por la Fiscalía destinarán a cubrir los gastos en servicios personales, que incluye salarios y otros beneficios de los funcionarios.
Los parlamentarios de la bicameral revelaron que, aunque en el detalle del informe no se menciona explícitamente, se prevé un aumento salarial del 25% para todos los funcionarios del Ministerio Público, con el argumento de que el último ajuste salarial asignado al personal corresponde al ejercicio 2019, en 3,5%.
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También prevén la creación de 596 cargos, de fiscales adjuntos, agentes fiscales, asistentes fiscales, secretarios fiscales, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros (la Fiscalía cuenta actualmente 5.343 cargos en total en su presupuesto).
En el informe se señala que la medida forma parte de la “dignificación salarial del capital humano del Ministerio Público”.
Suba de otros beneficios
Además, el proyecto de la Fiscalía contempla para gastos de residencia un aumento de G. 160.000.000, previendo las nuevas designaciones de fiscales adjuntos y agentes fiscales en relación con los nuevos cargos que serán creados.
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En subsidio familiar, se contempla un aumento en concepto de ayuda alimentaria, ayuda escolar; mientras que en el rubro bonificaciones y gratificaciones se propone incremento de G. 300.000 en concepto de bonificación por grado académico y G. 100.000 en concepto de bonificación por antigüedad.
Ampliación presupuestaria
A través de una ampliación presupuestaria planteada en abril del presente ejercicio, el fiscal Rolón Fernández pidió al Parlamento la aprobación de G. 180.196 millones (US$ 24,2 millones al cambio presupuestado), que ya incluye el aumento salarial del 25% para los funcionarios y la creación de 100 unidades de fiscalía, que implica 750 nuevos cargos.
El senador colorado Arnaldo Samaniego se hizo cargo del referido proyecto de ampliación, pero el monto se redujo a G. 46.000 millones (US$ 6,1 millones), que contempla 40 nuevas unidades fiscales a nivel nacional, pero no se menciona ningún aumento salarial, de acuerdo con el mensaje que compaña el proyecto de ley y en donde el senador hace referencia de que fue un trabajo coordinado con técnicos de dicha institución.
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Los mayores fondos planteados se destinarán igualmente a honrar las deudas de la institución por la prestación de servicios básicos, mantenimiento de edificios, adquisición de insumos de oficina y laboratorio, construcción de un nuevo laboratorio forense, compra de vehículos y aplicación del programa de desvinculación laboral.