El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUHV), Juan Carlos Baruja (ANR- HC), hace días que soporta una movilización de la “multisectorial”, que aglutina a organizaciones, constructoras y otros involucrados en la construcción de viviendas sociales, frente a la sede de la institución. En esta ocasión también están campesinos e índigenas en la protesta, quienes acamparon allí y algunos se encadenaron, y los dirigentes aseguraron que no se irán hasta obtener lo que piden. Se trata del gremio que fue creado hace años para aglutinar a diferentes organismos que trabajan y que son beneficiarios del programa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley N° 3637.
El presidente de la multisectorial es Pulciano Sánchez, quien el año pasado había sido denunciado por el ministro Baruja por presentar documentos de contenido falso para ser prestador de servicios del mencionado programa, y cuenta con salida procesal desde julio último por dos años.
La cuestión es que la asociación exige tres puntos específicos relacionados a las viviendas sociales:
- Que se les adjudique el 33% de los subsidios en cada llamado de presentación de proyectos del Fonavis.
- El cese de persecución (sin describir a qué se refiere con “persecución”).
- Y publicidad a las mencionadas convocatorias.
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También otros dos puntos, que no están vinculados al directamente al MUVH, que son la suspensión sine die del estudio del proyecto que plantea la fusión entre el Indert y el Ministerio de Agricultura y que no se derogue el artículo 104 del estatuto agrario que permite al Indert la recuperación de tierras fiscales, la cual no estará en la Ley de Registro Único Nacional (RUN).
Referente a los primeros puntos de los requerimientos de la multisectorial, Carlos Fleitas, de la Asociación Pro Vivienda (AsoPro), afirmó que la propia normativa del Fonavis permite los direccionamientos.
Fleitas era parte de la multisectorial y luego, durante la gestión de Carlos Alberto Pereira al frente del MUVH (2020-2024), se apartó y creó la nueva asociación. Los integrantes de ambas nucleaciones se desconocen.
Fleitas no está de acuerdo con la movilización frente al MUVH, sin embargo, reconoce que la misma ley del Fonavi permite situaciones de poca transparencia.
“El MUVH con los recursos que tiene puede hacer direccionamiento pero realmente hace bien su trabajo”, aseguró Fleitas. Los postulantes de las gestiones para el cobro de subsidios no se someten a ningún mecanismo de competencia ni control ciudadano. Simplemente reciben las transferencias de manera directa (rubro 800).
Viviendas sociales: ¿por qué las transferencias son directas?
Para entender el sistema de direccionamiento de recursos del programa que históricamente ha sido “estrella” del MUVH, es necesario recordar lo estipulado en su normativa. El Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis) se regula por la Ley N° 3637 y la misma consiste en subsidios para la vivienda propia, las gestiones realizan terceros, que cobran el dinero y se encargan de realizar las obras. Esta característica es el principal argumento para impedir someter esas obras al control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que tiene como principios la transparencia y competencia.
Es decir, conforme se describe en la normativa, se entregan subsidios para la casa propia y las gestiones del uso de recursos las hace las organizaciones. Además, no se entregan subsidios individuales sino obligatoriamente a grupos de vecinos organizados.
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El proceso de adjudicación de los subsidios del Fonavis no tiene absolutamente ninguna transparencia, pues los proyectos son presentados por organismosque prestan “Servicios de Asistencia Técnica (SAT)” y se los llama “SAT”. Estos SAT proponen un plan de obras, son evaluados por el MUVH y luego adjudicados. Se desconoce quiénes son los proponentes, así como los potenciales beneficiarios, en qué etapa se encuentran, cuáles fueron objeciones o aspectos que fueron pasados por alto, entre otros. Todo es un trámite interno del MUVH.
Esta falta de transparencia es “tierra de cultivo” para la corrupción, conforme a opinión de referentes del sector de la construcción. De hecho, la “multisectorial” acusó a Baruja por supuestamente pedir un “peaje” de G. 12 millones por cada vivienda social, razón por la que incluso solicitan el retorno del exministro de Urbanismo Carlos Alberto Pereira. Así lo manifestaron en una entrevista con ABC Tv.
Al respecto, Fleitas señaló que desconoce si hay pedidos de coimas, ya que él y los asociados al gremio que representan trabajan de manera “institucional”, dijo, aunque reconoció que hay direccionamientos en las adjudicaciones de subsidios.
Se intentó conocer la versión del ministro Baruja respecto a la denuncia de la multisectorial, pero no respondió. Desde la Dirección de Comunicación del MUVH, cuya responsable es Monserrat González, se informó que la institución no registra ninguna denuncia formal al respecto.
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Viviendas sociales: mecanismos de control
Fleitas recordó que el MUVH cuenta con los mecanismos de control para asegurar la calidad de las casas, que son la póliza de seguro y la verificación in situ con fiscalizadores de obras (contratados que obligatoriamente deben realizar el SAT y la constructora) y supervisores de obras, que son funcionarios del MUVH, quienes son los que más se alzan con recursos de la institución en concepto de viáticos (incluso más que el ministro Baruja).
El ministro Baruja había dicho en declaraciones a la prensa que la movilización de la multisectorial es por la exigencia de mayor calidad. Sin embargo, su discurso contradice a las propias reglas de la cartera, ya que el MUVH tiene mecanismos oficiales y reglamentados para asegurar la calidad de las obras.
Cabe recordar que hace unas semanas, el Parlamento instaló una comisión bicameral de viviendas, que impulsará el aumento del presupuesto para Fonavis en US$ 200 millones, programa cuyo presupuesto 2024 ronda los US$ 80 millones, según datos del Ministerio de Economía.
Se trató de una promesa del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quien en el período parlamentario anterior era diputado y criticó duramente al Fonavis por su escasa transparencia e impulso su control vía Contrataciones Públicas. Hoy, sin cambios importantes dentro de ese programa, opina que éste “funciona bien”.
Sin embargo, ya se registraron numerosos casos de aparente corrupción en Fonavis, que incluso llegaron al Ministerio Público. La Fiscalía sigue sin aclarar la denuncias de falsificación de firmas de beneficiarios en proyectos presentados por SAT ante el MUVH y tampoco el caso de daño patrimonial de G. 90.000 millones al MUVH con viviendas sociales sobrefacturadas, entre otros puntos.